La nueva licitación para el tratamiento de residuos sólidos, que roza los 3.000 millones de pesos, contempla una vigencia de 60 meses, comprometiendo operativa y presupuestariamente a las futuras autoridades comunales.
La Ilustre Municipalidad de Pichilemu ha dado a conocer las nuevas bases de licitación pública para el «Servicio para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios». El proceso no solo llama la atención por su abultado presupuesto máximo disponible de $2.947.460.413, sino principalmente por pretender hipotecar la gestión sanitaria de la comuna a largo plazo.
El documento establece un plazo de ejecución del servicio de 60 meses, es decir, cinco años. Considerando que el actual período edilicio expira indefectiblemente el 6 de diciembre de 2028, este contrato amarrará las manos de la próxima administración y del futuro Concejo Municipal, obligándolos a heredar un proveedor y un modelo de gestión hasta al menos mediados de 2031, limitando severamente su capacidad de fiscalización y toma de decisiones.
Pero la extensión del contrato es solo la punta del iceberg. Un análisis exhaustivo a la pauta de evaluación revela criterios que parecen estructurados para restringir la libre competencia. El factor más determinante para adjudicarse este millonario pozo es la «Cercanía del relleno sanitario», criterio al que se le ha asignado una ponderación desproporcionada del 40% del puntaje total.
Las bases otorgan el máximo de puntos (100) exclusivamente a aquellos depósitos que se encuentren a una distancia de entre 0 y 30 kilómetros del Cementerio Parroquial de Pichilemu, castigando severamente a quienes se ubiquen más allá de ese radio. En la práctica, este criterio arriesga convertirse en un «traje a la medida», favoreciendo a una instalación local en específico en desmedro de alternativas que, aunque pudiesen estar más lejos, podrían ofrecer mejores garantías medioambientales, tecnologías de tratamiento más modernas o una oferta económica más beneficiosa para las arcas municipales.
En la licitación de hace un año, por expirar en agosto próximo, RESAM ofertó cerca de 150 millones de pesos menos que la empresa local (726 millones frente a 893 millones de la empresa Cardenal Caro), pero perdió de todas formas por no alcanzar el puntaje de la distancia.
A esta preocupante barrera de entrada se suma una notable flexibilización en el régimen sancionatorio hacia la empresa que resulte adjudicada. El nuevo contrato relaja los límites de tolerancia ante un eventual mal servicio: el municipio solo podrá poner término anticipado al contrato si las multas aplicadas al proveedor exceden acumulativamente el 30% del valor total neto del contrato. Un margen de permisividad inusualmente amplio tratándose del manejo de la basura, un servicio crítico para la salud pública y el medio ambiente comunal.
Según se abordó en el programa Aquí Lo Conversamos de El Marino, el punto que genera los mayores cuestionamientos económicos es el modelo de cobro escogido por el municipio. Actualmente, la licitación contempla una tarifa plana de 50 millones de pesos mensuales, independiente de la cantidad de basura que efectivamente ingrese al relleno sanitario. Esta cifra contrasta brutalmente con los montos del pasado reciente, cuando el municipio pagaba 17 millones mensuales en temporada baja y 30 millones en temporada alta, experimentando un alza abrupta y sin justificación técnica aparente a los actuales 50 millones fijos. Además, las nuevas bases incluyen un reajuste anual por IPC que no existía anteriormente, lo que encarecerá el trato mes a mes.
El contraste es rotundo al revisar las órdenes de compra y los contratos públicos de los municipios vecinos, expuestos durante la transmisión. La misma empresa que opera en Pichilemu (Cardenal Caro Limitada) le presta servicios a la Municipalidad de Marchigüe, pero bajo un sistema de cobro por tonelada ($33.184 más IVA la tonelada), lo que en abril se tradujo en un pago municipal de apenas $8.613.000.
La diferencia de precios es aún más notoria con los municipios que contrataron a la empresa competidora (RESAM), los cuales pagan exclusivamente por las toneladas que ingresan y a precios considerablemente menores. Por ejemplo, en el mes de abril, la comuna de Litueche pagó un total de $5.042.000 por 302 toneladas de basura (a $14.000 más IVA la tonelada). Por su parte, Romeral desembolsó $7.910.000 con IVA incluido por 483 toneladas (pagando $16.349 por tonelada). La Municipalidad de Palmilla logró condiciones incluso mejores, facturando $3.980.000 por 318 toneladas, a un valor de $10.500 la tonelada.
El caso más ilustrativo es el de la comuna de La Estrella. Según los datos del portal público, este municipio trabajaba anteriormente con la empresa local Cardenal Caro y le pagaba un valor de $14.500 por tonelada (con IVA incluido). Sin embargo, se cambiaron a RESAM y lograron rebajar ese costo a $13.700 por tonelada.
Asimismo, se cuestionó que la municipalidad no haya licitado de manera conjunta el retiro domiciliario de la basura (actualmente concesionado a BioRec) y la disposición final de los residuos, considerando que ambos contratos vencen en un rango cercano de tiempo. Según se planteó en la conversación, una licitación integral por los 60 meses habría permitido que distintas empresas ofrezcan el servicio completo. Esto eliminaría la ponderación del 40% por cercanía, ya que las empresas externas podrían internalizar el costo de los camiones y el traslado, compitiendo libremente y buscando un verdadero beneficio económico para las arcas de la comuna.
Durante el análisis también se planteó preocupación respecto al nivel de conocimiento que tendrían algunos concejales sobre el contenido y alcance de la licitación, considerando que el proceso fue publicado recientemente y que involucra recursos municipales de enorme magnitud.
El debate queda ahora instalado. ¿Aprobará el actual Concejo Municipal un contrato que trasciende su propio mandato y compromete el futuro de Pichilemu bajo criterios de evaluación que, a simple vista, desalientan la competitividad? ¿Existen fundamentos técnicos suficientes para privilegiar la cercanía del relleno sanitario por sobre la oferta económica? ¿Por qué razón se mantiene un sistema de tarifa plana en lugar de cobro por tonelada, como ocurre en otras comunas? Son preguntas que, por el volumen de recursos comprometidos y el impacto que tendrá en las finanzas municipales futuras, inevitablemente exigirán respuestas públicas.
