Durante los primeros días del presente mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó a las proyecciones pesimistas para la economía chilena referente al año 2023, vaticinando que seremos el único país latinoamericano con un retroceso en el Producto Interno Bruto (PIB), esperándose un decrecimiento del 1%, mientras el resto de 2022 solo se crecerá un 2%. Por su parte, Colombia sería la economía líder en cuando a crecimiento en la región, con una expansión del 2.2% para 2023 y 7.8% este año. Si damos una mirada a la inflación, se prevé que en Chile -durante el año siguiente- estará bordeando el 9% anual, cifra bastante distante del 3% que tenía como meta el Banco Central.
Estrechamente vinculado con lo anterior, está el valor de la UF (Unidad de Fomento), cuyo reajuste diario ocurre según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, es decir, la inflación. A raíz de esto, es que la UF pasó de $30.217 el 17 de octubre de 2021, a $34.460 solo un año después, afectando directamente el poder adquisitivo y haciendo cada vez más complejo pagar compromisos financieros indexados a este indicador, como lo son construcciones, ciertos servicios profesionales, gastos comunes, créditos bancarios, préstamos hipotecarios y, últimamente, se suman arriendos, por nombrar algunos ejemplos.
Para nadie es secreto ni una realidad desconocida el que $20.000 ya no alcancen para lo mismo que en 2021, debido -precisamente- a la inflación nacional. En la misma línea, tampoco la propuesta de salario mínimo bruto de $500.000 para finales del gobierno presidencial actual – a saber, 2026- van a ser suficientes, pues considerando las proyecciones futuras, ese medio millón de pesos serían, aproximadamente, $300.000 líquidos actuales, siendo insuficientes si se contempla el alza sostenida que presenta la canasta básica familiar. Una forma de que el poder adquisitivo no se siga viendo afectado ni tampoco la pobreza aumente, es establecer un mecanismo ad hoc para reajustar precios y salarios, el cual debe intervenir en la inflación, ya que si esta avanza, también correspondería elevar la cantidad recibida por cada trabajador.
El mecanismo apropiado a lo expuesto anteriormente, es recibir salarios en UF, pues varios gastos que cada familia tiene se pagan de esa manera. Asociar pagos a este indicador asegura incrementar constantemente el dinero recibido y, debido a tener estrecha relación con la inflación, el poder adquisitivo jamás se dañará. La pregunta que inevitablemente surge, es: ¿Por qué tener salarios en pesos, si todo se asocia a la UF? Una inevitable respuesta, es el interés por proteger el bolsillo de unos pocos, en detrimento de casi todo un país, siendo este gran porcentaje de afectados quienes día a día se vuelven más pobres ante la dificultad -e incluso imposibilidad- para saldar deudas y vivir con lo mínimo necesario.
Asimismo, la clase política no contribuye mucho, al presentar propuestas “parches” que no atacan el problema de fondo, como lo es acortar la brecha entre clases sociales y luchar por el bienestar común.
Javier Osorio O.
