El Cuerpo de Bomberos de Pichilemu presentó formalmente ante el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna su contestación a la demanda civil por indemnización de perjuicios interpuesta en su contra. La acción legal, que exige el pago de 300 millones de pesos tras un incendio ocurrido el 22 de mayo en el sector de El Pangal, fue rechazada en todas sus partes por la institución de emergencia, la cual descartó cualquier tipo de negligencia operativa y cuestionó los fundamentos jurídicos de la parte demandante.
A través de un escrito ingresado el 12 de agosto bajo la causa ROL C-161-2026, el Superintendente de la institución, Iván Bozo Cáceres, con el patrocinio del abogado Maximiliano Delgado González, expuso los argumentos de defensa, detallando la cronología del despliegue y aclarando la naturaleza jurídica de Bomberos.
Uno de los principales ejes de la defensa radica en desestimar el concepto de «falta de servicio» argumentado por la familia demandante. Bomberos aclara que dicha calificación jurídica es un factor de imputación exclusivo de la Administración del Estado.
El documento subraya que el Cuerpo de Bomberos es una corporación de derecho privado y sin fines de lucro, conformada por voluntarios. Aunque la ley les otorga el carácter de «servicio de utilidad pública», esto no los convierte en un servicio público estatal ni a sus voluntarios en funcionarios públicos, por lo que no resulta procedente exigirles responsabilidad civil extracontractual bajo ese concepto.
La institución niega categóricamente haber sido la causante del daño material y rechaza la presunción de culpa. Según el informe técnico elaborado tras la emergencia, el fuego se habría originado en una zona de la propiedad donde funcionaba un generador de electricidad.
Bomberos señala que, debido a que la casa estaba construida con material ligero (madera) y a los elementos combustibles propios de un hogar, se produjo rápidamente una «libre combustión». Esto provocó que el fuego se propagara de manera muy agresiva en escasos minutos, incluso mientras los moradores intentaban apagarlo con extintores y realizaban la llamada de emergencia, haciendo que el resultado de pérdida total fuera inevitable y obligando a los voluntarios a realizar un trabajo netamente defensivo.
El Cuerpo de Bomberos rebatió punto por punto las acusaciones de «dilación injustificada», «falta de dotación» y respuesta «deficiente»: según los registros de la institución, la alarma se activó tras recibir el llamado a las 00:30 horas. El primer carro (BF-1) fue despachado 12 minutos después de la alerta.
Contrario a lo expuesto en la demanda (que indicaba la llegada de solo dos voluntarios), Bomberos sostiene que en cuestión de minutos arribaron al lugar cuatro unidades en total, incluyendo la unidad de comandancia y un carro cisterna. El operativo contó con la presencia de 16 voluntarios en el lugar. Además, la institución desmiente haber quedado inoperativa por falta de agua. Señalan que los carros despachados sumaban una capacidad de 19.000 litros de agua, suministro suficiente para las labores defensivas y de control de propagación requeridas. Por esta razón, explican, no era necesario utilizar una motobomba para extraer la reserva de 16.000 litros de la propiedad.
También, el escrito niega que un voluntario haya sufrido una descompensación severa por el «caos». Aclaran que la ambulancia presente en el lugar no fue solicitada para el personal de emergencia, sino que se encontraba allí por un tema de salud de uno de los moradores de la vivienda.
Respecto a la reactivación del fuego a las 06:05 horas, la institución explicó que el personal trabajó por más de cinco horas en la remoción de escombros y extinción de focos antes de retirarse. Aclaran que, por la naturaleza del viento y las cenizas, es posible que surjan nuevos focos, pero que ante el nuevo llamado, los voluntarios concurrieron nuevamente al lugar sin reparos.
Con estos antecedentes, la institución solicitó al tribunal el rechazo absoluto de la demanda y el pago de las costas procesales por parte de la actora. El juicio continuará ahora su tramitación en el tribunal civil de Pichilemu, donde ambas partes deberán rendir las pruebas correspondientes.
