La sentencia estableció una indemnización solidaria a favor de los familiares de Vanessa Alejandra Guzmán Sapollnik, fallecida en el accidente ocurrido en abril de 2023, y de su hijo, quien resultó con lesiones gravísimas. La contraparte cuestionó los argumentos de la defensa y aseguró que la familia aún no recibe compensación.
La defensa del conductor de la camioneta involucrada en el fatal accidente de tránsito ocurrido el 16 de abril de 2023 en Pichilemu no presentó un recurso de apelación contra la sentencia civil que ordenó pagar una indemnización cercana a los $300 millones a la familia de las víctimas.
El fallo, dictado el 8 de octubre por el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, estableció la responsabilidad solidaria del conductor y del propietario del vehículo en el pago de los perjuicios derivados del accidente, ocurrido en la intersección de las calles Comercio y El Arrayán, donde falleció Vanessa Alejandra Guzmán Sapollnik y su hijo, entonces de seis años, sufrió lesiones gravísimas.
En declaraciones al diario El Expreso de la Costa, el abogado Renato Cárcamo, representante del conductor Javier González, explicó que decidieron no apelar porque consideran que la sentencia se ajusta a derecho. Agregó que su representado no tendría recursos económicos para responder a la indemnización, más allá de una póliza de seguro que, según señaló, habría alcanzado aproximadamente los $100 millones.
El abogado también sostuvo que su representado fue condenado en la causa penal a una pena de casi tres años de presidio remitido y a la suspensión de su licencia de conducir por dos años. Según indicó, el accidente se produjo por exceso de velocidad, de acuerdo con los antecedentes de la investigación de la SIAT de Carabineros.
Cuestionamientos de la familia
Por su parte, la representación jurídica de Francisco Gálvez, padre del menor, cuestionó las declaraciones de la defensa y puso en duda la existencia de una voluntad efectiva de reparar económicamente a las víctimas.
El abogado Rafael Pérez Maldonado señaló que los supuestos $100 millones disponibles mediante una póliza nunca habrían sido ofrecidos a la familia. Además, recordó que durante el procedimiento penal se habría realizado un depósito de $80 mil para invocar la atenuante de reparación del mal causado.
La familia, en tanto, sostiene que hasta la fecha no ha recibido indemnización por los daños derivados del accidente. El menor, actualmente de 10 años, mantiene secuelas físicas permanentes, entre ellas una incapacidad ocular calificada como irreversible.
