El escenario se torna cada vez más adverso para Yanko Blumen Antivilo en la comuna de Navidad. Los actuales concejales Esteban Lobos Carvajal y Hernán Pino Farías han ingresado un extenso requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de O’Higgins. Mediante esta acción, las autoridades comunales buscan la remoción e inhabilitación por cinco años de Blumen, acusándolo de haber incurrido, durante su mandato, en las causales legales de notable abandono de sus deberes y de contravención grave a las normas de probidad administrativa.
El libelo acusatorio, que se extiende a través de casi cien fojas, detalla doce hechos específicos relacionados principalmente con transgresiones sistemáticas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al Plano Regulador Comunal. En el documento, los ediles argumentan textualmente que la autoridad tuvo «acciones y omisiones que configuran, en conjunto, un abandono inexcusable de los deberes propios de su cargo». Según la presentación, estas prácticas reiteradas derivaron en un «grave perjuicio al patrimonio municipal, una opacidad en la gestión, y un menoscabo a la función pública, configurando una transgresión evidente de los deberes legales y éticos que le correspondían como alcalde». Asimismo, los requirentes acusan una abierta y permanente «interferencia en el procedimiento de denuncia y sanciones» respecto a construcciones irregulares en zonas de riesgo o de utilidad pública.
Entre los casos más graves expuestos en el requerimiento, que aborda desde la tolerancia hacia locales comerciales sin patentes ni recepciones de obras hasta loteos irregulares, destaca el denominado «Hecho Número Nueve». Este apartado detalla la existencia de una «construcción de vivienda de dos pisos sin permiso de obras, relacionada con la pareja del Alcalde, en zona agrícola». La acusación sostiene que existe una grave omisión en la fiscalización de este inmueble, argumentando textualmente que «el Municipio esta deliberadamente omitiendo aplicar la ley, dejando en evidencia un trato especial, fuera de toda probidad y correcto actuar, a la propiedad que es de público conocimiento estar vinculada al alcalde Blumen».
Como conclusión general de los doce hechos expuestos, los concejales afirman que todo ello refleja un «uso desprolijo y legalmente reprochable de fondos públicos por parte del Alcalde, en forma personalísima e indelegable, que comprometió severamente el patrimonio municipal». En subsidio a la destitución, el documento solicita que se apliquen medidas disciplinarias alternativas como la censura, una multa o la suspensión del ejercicio del cargo.
Este nuevo requerimiento pone aún en más aprietos al alcalde Blumen, ya que se superpone a otro proceso judicial de características similares que se mantiene pendiente en el mismo tribunal electoral. Dicha causa anterior fue interpuesta durante los últimos días del período municipal correspondiente a los años 2021 a 2024, siendo impulsada en su momento por la mayoría de los concejales que ejercían en ese entonces. La acumulación de estas acusaciones dibuja un panorama institucional sumamente complejo para el jefe comunal, quien ahora debe defenderse en dos frentes simultáneos que cuestionan su probidad y buscan su salida definitiva del cargo.
Precisamente, la tensión judicial alcanzará un punto álgido este 30 de abril, fecha en la que está programada una audiencia de alegatos para revisar los antecedentes de ese primer proceso pendiente. Para esta crucial instancia procesal que se desarrollará mañana, ya han confirmado su participación los abogados de ambas partes. Por el lado de la parte requirente, los alegatos estarán a cargo de la abogada Consuelo Martínez. En tanto, la defensa del requerido será asumida por Gabriel Osorio. Este último es un reconocido jurista de alto perfil público, ex miembro de la «Comisión Experta» del reciente proceso constitucional, y quien además representó sin éxito a Roberto Córdova, alcalde de Pichilemu, en la impugnación de su candidatura ante el Tribunal Calificador de Elecciones en febrero de 2021.
