El Palacio de La Moneda fue el escenario de un encuentro clave este martes 11 de agosto, donde el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, convocaron a más de 70 alcaldes de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins. El objetivo central de la cita fue abordar la implementación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y la nueva Ley de Seguridad Municipal.
La reunión, que se extendió por cerca de dos horas, dejó en evidencia tanto la urgencia compartida de enfrentar la delincuencia en los territorios como las profundas diferencias políticas sobre cómo ejecutar estas normativas.
Desde las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, asistieron el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, el alcalde de Nancagua Gabriel Ahumada, el de Santa Cruz Yamil Ethit Romero, el de Litueche Rodrigo Palominos, entre otros.
«La implementación de nuevas atribuciones requiere también capacidades y recursos que permitan fortalecer el trabajo preventivo y complementario que realizan los municipios», plantearon desde la administración pichilemina. En una publicación de redes sociales, el municipio de Pichilemu manifestó que participar en esta instancia fue fundamental para aterrizar la discusión nacional a la realidad de los barrios, subrayando que sin herramientas concretas, las municipalidades no podrán complementar eficazmente la labor de las policías frente a la nueva legislación.
¿Qué propone la Agenda ACOT? La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca endurecer el combate al crimen organizado a través de reformas estructurales. Entre sus puntos más destacados se encuentran consagrar la seguridad como un deber irrenunciable del Estado en la Constitución; implementar un estado de excepción constitucional por «grave alteración de la seguridad pública», el cual estaría focalizado y fiscalizado específicamente en aquellos territorios más golpeados por conductas delictivas; y ajustes a normativas vigentes, como la ley Antibarricada.
A pesar del llamado al diálogo, la jornada estuvo marcada por el retiro anticipado de algunos líderes opositores, entre ellos los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Matías Toledo (Puente Alto). El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, desdramatizó estas salidas, asegurando que la invitación no hizo distinciones políticas y valorando el espacio como una instancia para «construir de manera conjunta políticas públicas». Sin embargo, los alcaldes asistentes expresaron posturas muy divididas frente a la estrategia del gobierno.
Matías Toledo (Puente Alto) justificó su retiro apuntando a que el ministro Arrau debió abandonar la reunión antes de tiempo por temas de agenda. Además, criticó el enfoque legal: «Nos preguntamos por qué no establecer el derecho a la seguridad que deben tener los ciudadanos para poder exigirlo al Estado […] Si no hay un fortalecimiento al Poder Judicial, no sacamos nada». Joel Olmos (La Cisterna), aunque valoró la instancia, se mostró escéptico: «Estamos profundamente decepcionados, porque son medidas que no van en la dirección en la que hemos venido generando acuerdos».
Christopher White (San Bernardo), desde el Partido Socialista, quien previamente ha solicitado presencia militar en las calles, tomó una postura más constructiva. Valoró «significativamente la invitación a dialogar» y la necesidad de acuerdos amplios para dar viabilidad a las propuestas. Desde la vereda oficialista, destacaron el tono del encuentro. Catalina San Martín (Las Condes) calificó la conversación como algo «que no había visto antes», mientras que Mario Desbordes (Santiago) resaltó la buena disposición transversal.
Sebastián Sichel (Ñuñoa) respaldó los cambios constitucionales y pidió más facultades municipales para enfrentar incivilidades territoriales (como el consumo de alcohol y drogas). «Lo importante acá no es la opinología, es ver los casos prácticos y cómo mejoramos la seguridad en el territorio», concluyó.
