El reciente proyecto de ley aprobado en Chile, que promueve al menos 60 minutos diarios de, actividad física en los establecimientos educacionales, marca un hito en materia de política pública. Representa un esfuerzo por reconocer que el movimiento no es un accesorio del aprendizaje, sino una condición necesaria para el desarrollo integral. Sin embargo, más allá de esta intención política, su efectividad dependerá menos del texto legal y más de lo que ocurra en la práctica cotidiana de las escuelas.
La experiencia danesa ofrece una lección valiosa. En 2014, Dinamarca implementó una política nacional que exigía 45 minutos diarios de actividad física durante la jornada escolar. Años después, un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Europe (Christensen et al., 2022) analizó los efectos reales de esta medida mediante acelerometría. Los resultados mostraron un aumento promedio de solo 6,5 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa en los niños y adolescentes. Es decir, el objetivo de moverse más se cumplió parcialmente, pero la intensidad recomendada en ellos se mantuvo baja.
Este hallazgo plantea una pregunta clave para el contexto chileno: ¿basta con legislar el tiempo? Probablemente no. Porque el movimiento no ocurre por decreto. Requiere de contextos preparados, recursos adecuados y capacidades pedagógicas que transformen ese tiempo en experiencias corporales significativas. En otras palabras, no se trata solo de “tener la hora”, sino de saber qué hacer con ella.
La realidad de muchas escuelas chilenas muestra desafíos evidentes. Espacios reducidos, carencia de material deportivo, alta densidad de matrícula y climas que limitan la actividad al aire libre son factores que pueden convertir la buena intención en una meta difícil de cumplir. A esto se suma la necesidad de que los docentes cuenten con formación específica para promover actividad física de calidad, incluso fuera del marco de las clases de educación física. De lo contrario, el riesgo es que los 60 minutos terminen siendo un tiempo “activo” en apariencia, pero pasivo en efecto.
No obstante, es importante reconocer el valor del primer paso. Si el Estado hubiese esperado a resolver todas las condiciones antes de legislar, la ley nunca habría visto la luz. Esta propuesta de política pública debería avanzar gradualmente, siempre que esté acompañada de evaluación, seguimiento y flexibilidad para adaptar estrategias a distintos contextos escolares.
El desafío ahora es que esta ley no se convierta en un mero enunciado. Se necesita un trabajo articulado entre actores como los diferentes ministerios, municipios, universidades y docentes, que permita monitorear no solo el cumplimiento del tiempo, sino también la calidad del movimiento. La evidencia es clara: más minutos no siempre significan más salud per se. Pero también nos recuerda que, sin minutos, no hay punto de partida.
