A finales de enero, el Congreso despachó el proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior. Entre los artículos que generaban mayor polémica, estaba el 63, el cual prohibía la presencia de controladores con fines de lucro, bandera de lucha del movimiento estudiantil, y que incomodaba a la Corporación de Universidades Privadas (CUP).
“Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley”, reza el citado artículo.
Luego de que el proyecto de ley fuera despachado, la CUP, a través de su presidenta Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas, ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional cuestionando el ya mencionado artículo, al considerar que “bloquearía” la libertad de las personas jurídicas con fines de lucro para participar en el control de las instituciones educacionales.
Fue este martes cuando las universidades privadas lograron su cometido, ya que el Tribunal Constitucional, tras una votación de 6 a favor y 4 en contra, optó por declarar inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, algo que no dejó indiferente a un grupo de estudiantes que, previo a la votación, se manifestaron frente al TC, en rechazo al lucro en la educación.
Tampoco la ex presidenta Bachelet quedó indiferente ante esta polémica decisión, y declaró, a través de su cuenta Twitter, que “fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. superior”.
El argumento del TC para eliminar este artículo, es que la materia que lo compone transgrede el derecho establecido en la Constitución como la libertad de enseñanza y organización.
Las críticas al Tribunal Constitucional apuntan a que, desde el inicio de la transición en 1990, se ha convertido en un espacio de cuoteo político entre la centroizquierda y la derecha, una “tercera cámara” que cambia los proyectos de ley conflictivos a pesar de que han sido aprobados por el Congreso.
El Tribunal Constitucional está conformado por 10 ministros, 6 de los cuales votaron a favor de la eliminación del artículo 63 para dar pie al lucro en la educación.
Pero, ¿Quiénes son estos personajes? Uno de ellos es Iván Aróstica, quien actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Constitucional. En 2010, fue jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Resulta llamativo que quienes votaron a favor de derogar el artículo 63 tienen o tuvieron algún vínculo con el actual Presidente de la nación, como es el caso, también, de María Luisa Brahm, integrante del Tribunal Constitucional desde 2013, pero antes de eso, fue nombrada jefa de asesores del Gabinete Presidencial.
Otra de las que votó a favor fue Marisol Peña Torres, quien fue asesora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia durante el primer mandato de Piñera, mientras que Cristián Letelier fue, entre 2011 y 2013, diputado por el partido de derecha UDI.
Otro de los que dio su voto a favor fue José Ignacio Vásquez, Ministro y Presidente del Tribunal Ambiental de Santiago entre 2012 y 2014, y finalmente Domingo Hernández, abogado de la Corte Suprema de 2006 a 2012.
Protestas de la Confech
Ante la decisión del Tribunal Constitucional, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunció nuevas movilizaciones en abril en rechazo al lucro en la educación superior.
Otro de los que se expresó fue el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien señaló que “cualquier pretensión de reponer el lucro sin duda alguna generaría inmediatamente una respuesta de marchas y movilizaciones por parte del movimiento social”.
