Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto la lupa sobre los millonarios desembolsos que cientos de municipalidades del país realizaron en «celebraciones no justificadas normativamente» durante 2024 y 2025. Al desglosar la nómina de las 118 comunas que superaron el promedio nacional de gasto, el panorama local arroja un solo gran señalado: la Municipalidad de Pichilemu.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, la capital de la provincia de Cardenal Caro es la única comuna de todo el territorio compuesto por las provincias de Cardenal Caro y Colchagua que figura en este polémico listado.
Es fundamental aclarar que el hecho de que el resto de las comunas de Colchagua (como San Fernando o Santa Cruz) y de Cardenal Caro (como Marchigüe o Paredones) no aparezcan en la lista, no significa que no hayan desembolsado recursos públicos en estos eventos. Su ausencia en el reporte de la CGR indica únicamente que sus gastos se mantuvieron por debajo de los $51 millones, cifra que corresponde al promedio nacional de 2024 y que sirvió como límite de corte para figurar en este registro de los municipios con mayores excesos.
Pichilemu, por el contrario, fue la absoluta excepción al registrar un gasto público en celebraciones de $61.481.851 durante 2024 (en el que gobernó mayormente, hasta el 6 de diciembre, el exalcalde Cristian Pozo Parraguez), superando el promedio del país y destinando más recursos a este ítem que a la asistencia social a personas naturales.
A nivel nacional, la Contraloría detectó que los municipios desembolsaron más de $31 mil millones en celebraciones. El organismo fue enfático en aclarar que de este análisis se excluyeron explícitamente festividades reconocidas por ley, tradicionales o que generan turismo y actividad económica comunal (como Fiestas Patrias, eventos costumbristas o celebraciones de Año Nuevo).
El foco del cuestionamiento apuntó estrictamente a celebraciones no justificadas normativamente, es decir, que carecen de sustento cultural o de desarrollo comunal según lo exige la ley. Entre los ítems nacionales que generaron las alarmas de Contraloría se encuentran desembolsos en productoras, baños químicos y catering para fechas como Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de «los que pasamos agosto», Día del Rock, entre otros.
La Contraloría recordó, basándose en la Ley N° 18.695, que los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el beneficio de la comunidad local y respetar los principios de eficiencia. «El gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo», dictamina el informe.
Dado que Pichilemu figura formalmente en la lista de los municipios que superaron el promedio nacional en celebraciones no justificadas normativamente, la entidad de control ya anunció que dispondrá de fiscalizaciones y exámenes de cuentas para revisar en detalle estas arcas municipales.
