Con suma urgencia legislativa fue ingresado este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, impulsado por el Presidente José Antonio Kast, iniciativa que busca reactivar la economía, fomentar la inversión, fortalecer el empleo formal y financiar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios y otras emergencias.
La propuesta, de cerca de 200 páginas, fue firmada durante la mañana en el Palacio de La Moneda y contempla cinco ejes principales que, según el Ejecutivo, buscan “romper con el estancamiento y contribuir a generar más empleo, seguridad y esperanza”.
Uno de los puntos centrales es la reducción gradual del impuesto corporativo, que actualmente es de 27%, para llegar a 23% en 2029. El cronograma establece una baja progresiva desde 2027, junto con la reintegración del sistema tributario para eliminar la doble tributación que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.
Además, se propone un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas nacionales y extranjeros que realicen inversiones superiores a 50 millones de dólares, medida que ya ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición, que incluso han planteado dudas sobre su constitucionalidad.
En materia laboral, el proyecto contempla un nuevo crédito tributario a la contratación formal, enfocado especialmente en trabajadores de menores ingresos y en pymes, con el objetivo de reducir la informalidad y fortalecer el empleo estable.
Otro eje importante apunta a la facilitación regulatoria, con medidas para agilizar la evaluación ambiental de proyectos, reducir plazos de invalidación de permisos ya otorgados y limitar medidas precautorias que puedan paralizar inversiones. También se establece que el Estado deberá indemnizar cuando una Resolución de Calificación Ambiental favorable sea revocada.
En el sector vivienda, se incluye una exención transitoria del IVA por 12 meses para la compra de nuevas viviendas, buscando dinamizar la construcción y facilitar el acceso a la casa propia para la clase media.
Respecto a la certeza jurídica, se incorpora un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa preferencial de 10% durante un año, que puede reducirse a 7% si los recursos retornan efectivamente al país y permanecen invertidos en Chile por al menos ocho años.
En el ámbito del gasto público, la iniciativa contempla el aumento de cupos de retiro voluntario en el sector público, mayores atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos y sanciones más severas por el uso fraudulento de licencias médicas, incluyendo la destitución inmediata en casos comprobados.
También se propone la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, medida que ha abierto debate por su eventual impacto en el Fondo Común Municipal, aunque el proyecto establece que la Ley de Presupuestos deberá contemplar aportes compensatorios.
En educación superior, se suspenderá por dos años el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad, aunque finalmente no se incorporó la idea inicial de limitar este beneficio a personas menores de 30 años.
Uno de los capítulos más relevantes es la creación de un fondo especial de reconstrucción, que amplía el actual Fondo de Emergencia por Incendios para incluir no solo a la Región de Valparaíso, sino también a las regiones de Ñuble y Biobío.
Entre las medidas asociadas destacan la reducción del impuesto a las donaciones, eliminación de trabas judiciales y convenios de pago con condonación para personas afectadas.
Según el gobierno, los principales beneficiarios serán la clase media, trabajadores de menores ingresos, adultos mayores y pymes. Además, se proyecta como meta al año 2030 reducir la tasa de desempleo a 6,5%, alcanzar un crecimiento cercano al 4% anual y avanzar hacia el equilibrio estructural de las cuentas fiscales.
