Durante la jornada de este sábado se desarrollaron en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro instancias de diálogo comunitario convocadas por el Gobierno para socializar el denominado proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social y Económico”, una iniciativa impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast y que actualmente busca ser tramitada en el Congreso.
En la provincia de Colchagua, el primer Diálogo Comunitario del programa Gobierno en Terreno se realizó durante la mañana en San Fernando, encabezado por el delegado presidencial provincial Mauricio Donoso junto al seremi de Gobierno Matías Riveros. La actividad reunió a dirigentes sociales del sector norponiente de la capital colchagüina, quienes participaron de la exposición de los principales lineamientos del proyecto.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua señalaron que la instancia permitió abordar los alcances de la propuesta legislativa, enfocada —según el Ejecutivo— en enfrentar el estancamiento económico, fortalecer la inversión y generar empleo formal.
De manera paralela, en la provincia Cardenal Caro también se efectuó una jornada similar liderada por el delegado presidencial Patricio Arenas, quien destacó la participación vecinal en el denominado “Diálogo Social sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Social y Económico”.
“Excelente instancia de Diálogo Social sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Social y Económico en la Delegación de Cardenal Caro. ¡Gracias vecinos y vecinas por participar!”, señaló la autoridad provincial a través de sus canales oficiales, sobre una reunión que recién había sido convocada el día anterior por redes sociales.
El proyecto, sin embargo, ha generado atención por su carácter misceláneo, ya que agrupa decenas de materias distintas dentro de una sola iniciativa legal, en una fórmula que algunos comparan con las llamadas “leyes ómnibus”, como la impulsada por el presidente argentino Javier Milei en ese país.
Aunque inicialmente se ha difundido que contempla entre 40 y 50 medidas, públicamente solo se conocen con mayor detalle poco más de una decena de ellas. Entre los principales anuncios se encuentran la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, la exención transitoria del IVA para viviendas nuevas, la eliminación de contribuciones para adultos mayores sobre su primera vivienda, incentivos tributarios para la contratación formal y beneficios especiales para pymes.
También se contempla la ampliación de recursos para la reconstrucción en Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, además de medidas para agilizar permisos sectoriales y reducir plazos administrativos que afectan la inversión privada.
Otro de los puntos que ha llamado la atención es la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad en educación superior, como parte de una estrategia de contención del gasto fiscal.
Desde el Gobierno se ha señalado que el objetivo central del plan es “cimentar un nuevo periodo de prosperidad económica y bienestar para todos los chilenos”, mientras sectores críticos advierten que la amplitud temática del proyecto podría dificultar una discusión legislativa separada y profunda de cada una de sus medidas.
