Desde el estallido social en adelante, los diferentes candidatos electorales, especialmente de la otrora oposición y actual oficialismo, procuraban mostrarse como los grandes mesías que traerían soluciones a diferentes problemáticas, proponiendo cosas del tipo: (1) Viviendas dignas para todos los chilenos que lo necesiten, junto a entregar pronta solución ante una eventual catástrofe que haga perder el hogar; (2) Mejor salario, para poder vivir y no sobrevivir; y (3) Velar por la economía de la clase media y baja de nuestro país, regulando el valor del transporte público. El discurso sonaba llamativo, seductor y hasta convincente, sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta a lo dicho en campaña.
Se prometió una vivienda digna y de calidad, sumado a una pronta y eficaz respuesta ante catástrofes. Para ver si esto se cumplió o no, basta retroceder unos cuantos días para recoger los datos de reconstrucción a raíz del mega incendio ocurrido en la V región el 2024, que dejó 138 víctimas fatales, 16 mil damnificados, 9 mil hectáreas arrasadas y miles de viviendas afectadas. De las 6.217 casas catastradas por el Minvu tras la emergencia, el gobierno busca dar soluciones a unas 3.043 familias. De todas ellas, a 626 se les asignó un subsidio habitacional y 78 casas fueron entregadas, es decir, sólo el 2,5% de las familias afectadas han recibido una solución habitacional, mientras el resto sigue a la espera. Adicionalmente, se había prometido un plan integral con 166 medidas, que incluían áreas además de la reconstrucción, como ayuda psicosocial y apoyo a establecimientos educacionales y clubes deportivos, por nombrar algunas, empero, solo se ha cumplido el 25% de ellas.
Fue anunciado con bombos y platillos fijar un salario mínimo que permitiera vivir y no sobrevivir. En 2019, cuando la inflación no era lo que es ahora, la canasta básica de alimentos (CBA) costaba $43.807 y la línea de la pobreza (LP) y la línea de la pobreza extrema (LPE) -para una familia promedio de 4 integrantes- era de $440.313 y $293.542, respectivamente, los manifestantes cifraron tal valor en $500.000 líquidos. En 2025, si bien el sueldo mínimo es mayor y llegó a $510.636, este valor es bruto y no líquido, como se demandaba. Asimismo, es menester remontarnos a un igual grupo familiar para evidenciar que, conforme a los recientes datos entregados por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: (I) La CBA tiene un costo de $69.159; (II) La LP se encuentra en $624.187 y; (III) La LPE asciende a $416.125. En suma, lo que cada trabajador recibe por concepto de salario mínimo, solo le permite sobrevivir, no existiendo mejora real alguna.
Igualmente existió la promesa de regular los valores del transporte público, para que las familias no tuvieran que gastar tanto dinero en tal ítem, lo cual surge tras el alza en $30 que motivó el estallido social. Lamentablemente, tampoco sucedió, pues cada cierto tiempo el valor del pasaje sigue elevándose, de hecho, desde las 00:00 horas del domingo 9 de febrero comenzó a regir el anuncio dado por el Panel de Expertos del Transporte Público, referente a un alza de $20 en la tarifa.
A partir de lo brevemente expuesto, se desprende que quienes triunfaron electoralmente bajo la premisa de “grandes cumplidores de anhelos sociales”, defraudaron a todos aquellos que les dieron el poder político para comandar a un país en sus diferentes niveles. Por tanto, para las elecciones venideras es imperioso no dejarse seducir por palabras bonitas, discursos llamativos, personalidades mesiánicas ni hechos emotivos, pues aquello no es suficiente para hacer de Chile un país fructífero. Lo realmente importante es la viabilidad, proactividad, ejecución y cumplimiento, o volverá a pasar el triste círculo vicioso de: Promesas, obtención del cargo e incumplimiento.
Javier Osorio O.
Exvicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago
Egresado de Derecho UAH
