Eduardo Silva Martínez, ex concejal de la comuna de Pumanque, presentó una demanda por discriminación arbitraria ante el Tribunal de Letras de Peralillo, invocando la Ley 20.609 (Ley Zamudio), en contra de la directiva nacional y regional del partido Evolución Política (Evópoli).
Silva, quien fue electo concejal en 2021 como independiente en cupo de Evópoli y posteriormente se afilió al partido, alega que la presidenta nacional de la colectividad, Gloria Hutt; el encargado electoral, José Ignacio Moreno; y la directiva regional, encabezada por Sebastián Pizarro junto a Sebastián Vargas y Nancy Riquelme Aguilera, lo excluyeron de la posibilidad de postularse a la reelección, favoreciendo a candidatos independientes.
Según expone Silva en su demanda, su gestión como concejal se caracterizó por un rol fiscalizador en conformidad con la Ley 18.695, lo que lo llevó a enfrentamientos con la administración municipal y con Sebastián Vargas, miembro de la directiva regional y actual secretario de planificación comunal (Secplac). Estas tensiones, afirma, habrían motivado su exclusión de la contienda electoral.
El ex concejal sostiene que inicialmente el Consejo Regional de Evópoli ratificó su candidatura a alcalde, pero tras negociaciones con Chile Vamos, su opción fue descartada. Posteriormente, el Consejo General del partido aprobó su postulación a la reelección como concejal, pero la directiva finalmente no lo inscribió, dejándolo fuera de competencia.
«Quiero dejar en evidencia el doble estándar del partido, que se presenta ante la ciudadanía como una nueva alternativa a la política tradicional, pero en la práctica actúa como más de lo mismo. Un grupo de amigos dirige el partido a su antojo, pasando a llevar a la militancia y coartando oportunidades a quienes piensan distinto», declaró Silva Martínez.
Asimismo, sostuvo que «se cometieron una serie de irregularidades por parte de la directiva nacional y regional para dejarme fuera de la reelección, junto con otros dos concejales de Pumanque, debido a nuestro rol fiscalizador».
El ex concejal busca, a través de la acción judicial, «restablecer eficazmente el imperio del derecho» y sentar un precedente respecto de la actuación de las dirigencias partidarias. «Las cúpulas de los partidos no pueden pasar a llevar estatutos y reglamentos internos en beneficio de sus cercanos, dejando fuera a quienes fiscalizamos», concluyó.
