Diego Grez Cañete, presidente de la Fundación Región de Colchagua, participó en los Diálogos Ciudadanos Convocados por la Secretaría de Participación Ciudadana, parte del proceso constitucional en curso en el país.
Los Diálogos Convocados se llevan a cabo mediante videollamadas durante los días 9, 10 y 11 de junio, y su objetivo es reflejar la diversidad de la sociedad chilena, incluyendo a jóvenes, adultos, personas mayores, habitantes del norte, centro y sur del país, así como miembros de los pueblos originarios y ciudadanos comunes.
Durante su intervención, el presidente de la Fundación Región de Colchagua, quien además es el único participante seleccionado de la comuna de Pichilemu para participar en la instancia, expresó su preocupación por la falta de una regionalización y descentralización efectiva en la Constitución vigente y en la propuesta de la Comisión Experta. Señaló que si bien la Constitución no debería ser responsable de la creación de nuevas regiones, debería establecer una disposición transitoria que permita un proceso de reorganización político-administrativa del país, con la participación activa de la ciudadanía.
Grez Cañete destacó la importancia de que este proceso de reorganización territorial considere la pertinencia histórica, cultural, social y económica, y que aborde las verdaderas necesidades de las distintas comunidades en todo el país. Hizo referencia a la reforma político-administrativa de 1974-1976, que estableció las trece regiones actuales, pero que, según su visión, tuvo un enfoque militar y no consideró la tradición de las antiguas divisiones provinciales y departamentales.
El presidente de la Fundación Región de Colchagua resaltó que esta reforma de regionalización militarizada fue similar a la implementada en 1928 por la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, que luego fue revertida por el Congreso. Sin embargo, la reforma de 1974 estuvo acompañada de una restricción constitucional que impedía la creación de nuevas regiones y que solo fue cambiada con la reforma de 2005 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
Diego Grez Cañete abogó por considerar las antiguas provincias, que surgieron en base a las necesidades del país en su proceso de consolidación identitaria, como unidades territoriales relevantes en el proceso de reorganización territorial. En este sentido, instó al Consejo encargado de la redacción de la nueva Constitución a establecer un proceso de reorganización que tenga en cuenta los criterios que fueron omitidos hace cincuenta años por las autoridades de la época.
La exposición del Presidente de la Fundación fue textualmente:
«Creo que la Constitución vigente como la propuesta de Comisión Experta están al debe con la regionalización y la efectiva descentralización del Estado. Como creo que la Constitución no debería ni fijar ni crear por sí misma nuevas regiones, sí debería establecerse una disposición transitoria que determine un proceso de nueva reorganización político-administrativa del país, con participación ciudadana, y que tenga pertinencia histórica, cultural, social, económica y que atienda a las verdaderas necesidades de las distintas comunidades de nuestro país. La última reforma político-administrativa de 1974-1976, que creó las primeras trece regiones (cuyo número fue fijado constitucionalmente y que no permitió la creación de nuevas regiones hasta la reforma de 2005 del presidente Lagos) consideró a las regiones como unidades con criterio militar, en caso de guerra con Argentina, dejando de lado toda la tradición de las antiguas divisiones, como eran las provincias y departamentos, símiles a las actuales regiones y provincias. Esta reforma de la Junta Militar fue muy similar a la ordenada en 1928 por la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, que fue en los años siguientes revertida por el Congreso, ya que en 1931 cayó dicho régimen. No pasó lo mismo con la regionalización desde 1974, ya que el régimen se extendió por casi 17 años a lo que se sumó la restricción constitucional, que impedía crear nuevas regiones. Las antiguas provincias, herederas de los antiguos partidos y corregimientos de la época colonial, representan unidades territoriales que fueron conformándose sobre la marcha, atendiendo a las necesidades de nuestro naciente país, y que se consolidaron identitariamente. Creo que el Consejo haría un bien al país estableciendo un proceso de reorganización territorial, que atienda verdaderamente a criterios que fueron evitados por las autoridades de hace cincuenta años.»
