Los integrantes de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, debatieron, en forma previa a la presentación de las enmiendas, respecto a los alcances del derecho a la salud en un Estado Social y Democrático de Derechos.
La norma aprobada por el pleno de la Comisión Experta, en su capítulo II, propone que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”. Frente al tema, las comisionadas y comisionados expusieron sus puntos de vista, legislación comparada en estados democráticos internacionales, junto con presentar las tareas que deberían quedar encomendadas al ámbito legislativo.
“La constitución no debe dejar de manos atadas al legislador”, aseguró el comisionado Flavio Quezada, quien argumentó que “el derecho a la salud es un derecho humano. No podemos avalar una redacción que establece un modelo”.
Quezada agregó que “el punto de la discusión es si el texto debe consagrar o no un determinado modelo. El peligro de la redacción, como está hoy, es que se está constitucionalizando un modelo determinado, tal como lo hace y ha sido interpretado el texto vigente. En este punto, como en otros, debemos abrir la democracia, estas materias no deben quedar diseñadas ni cerradas a nivel constitucional, sino que se debe garantizar el derecho y el modelo quedar abierto al juego democrático”.
“No está en juego y nunca ha estado en juego que podamos escoger entre prestadores públicos o privados, lo que está en las bases constitucionales. Aquí el punto se centra si el texto debe consagrar un modelo, ya que no deja una definición al legislador”, enfatizó Quezada.
El comisionado Jaime Arancibia, replicó exponiendo la necesidad de dejar establecido que existe “un valor compartido, entre todos los comisionados, que es la libertad de elección de las personas, respecto al régimen de salud al que quieran acceder. La diferencia está en la forma en que mejor aseguramos esa libertad, donde yo creo que resulta mejor si establecemos la restricción y la consagración de esa libertad en la constitución”.
“Si no dice nada la constitución, es posible que el legislador diga que todos aquellos fondos que las personas destinan a un seguro individual propio y, fruto de su esfuerzo, para financiar su salud, pasa íntegramente a ser un fondo solidario. Me parece que cuando es íntegramente solidario, se pierde verdaderamente la libertad de elección, que es un valor que todos pretendemos robustecer”, detalló Arancibia.
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En tanto, la subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos abordó el proceso histórico y rol que ha jugado el tribunal constitucional dentro de la institucionalidad democrática chilena.
Dentro de los aspectos discutidos por las comisionadas y comisionados, durante la exposición de la presidenta del TC, Nancy Yáñez, se abordaron materias relativas a la autonomía del organismo, funcionamiento, atribuciones, conformación de sus integrantes, proceso de nominación e inhabilidades de entrada para sus integrantes.
«Aún estamos deliberando en el marco del pleno de ministras y ministros, cual sería, mirando la experiencia comparada y nuestra propia experiencia, la mejor fórmula para contar con una justicia constitucional que esté acorde al momento histórico que vive nuestro país», señaló Yáñez.
Además, la titular del TC solicitó un plazo adicional a la subcomisión, con la finalidad de recoger la totalidad de los planteamientos y entregar un documento final en los próximos días.
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