Aunque el ducto al mar que llevará las aguas residuales de la plante de Celco en la Región del Bio-Bio ya está aprobado y en construcción, habitantes aún gestionan acciones.
Fuente: www.elmostrador.cl, 25 de septiembre de 2007.
Paralelamente, académicos de la Universidad de Chile realizan estudio sobre megaproyectos y sus consecuencias en comunidades.
A pesar de que el ducto que llevará los residuos de la planta celulosa Nueva Aldea de Celco hasta el mar ya lleva más de la mitad construida, los vecinos de Cobquecura no dan su brazo a torcer y continúan buscando fórmulas para “defenderse” de cualquier posible daño o efecto provocado por la empresa.
Se rehúsan a replicar escenas como la de cisnes de cuello negro o peces muertos en los ríos Cruces y Mataquito. Y para una zona donde gran parte de la población se dedica a la pesca y hay un incipiente desarrollo turístico – es monumento nacional y hay un santuario de la naturaleza de lobos marinos-, las expectativas de salir perjudicados por problemas de contaminación no son alentadoras.
Actualmente, el Complejo Forestal e Industrial (CFI) Nueva Aldea, localizado en la comuna de Ranquil, está descargando los desechos a las aguas al río Itata desde que inició su funcionamiento en agosto de 2006. Esto, mientras terminan la instalación de un sistema de instalación terrestre -tubería de 50,8 kilómetros- y de un emisario marino -de 2,3 kilómetros- para la disposición final de las aguas residuales industriales tratadas en el mar. El objetivo de producción es de 856 mil toneladas anuales de pulpa de celulosa, más del doble de la producción de la planta Valdivia.
El ducto se encuentra a unos 30 kilómetros de la localidad, pero los pobladores temen que, debido a las corrientes submarinas, los desechos lleguen igual. Por su parte, el Grupo Angellini asegura que la tecnología utilizada prevendría cualquier tipo de incidente y que las consecuencias al medioambiente no dañarán en absoluto los intereses de la zona.
La agrupación “Salvemos Cobquecura”, compuesta por representantes de la Cámara de Turismo, clubes de adultos mayores, alumnos secundarios, profesores y algunos trabajadores de la municipalidad, entre otros, se están apoyando en las ONG internacionales Save the Waves y Oceana para hacer evaluaciones de muestreo de aguas.
“Estamos convencidos de que la planta traerá daños y necesitamos tener pruebas científicas de eso. No sirve que repartan plata a la gente afectada”, opina Julio Fuentes, alcalde de Cobquecura.
Por eso, están trabajando en conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) con cuyos integrantes planean presentar una acción legal dentro de los próximos dos o tres meses.
La bogada del organismo María Fernanda Pinochet asegura que están trabajando en el tema, pero declinó dar mayores detalles para no perjudicar el proceso.
Paralelamente, intentan reunirse con la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, para ver qué sucedió con el recurso de reclamación presentado en mayo de 2006 al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) donde se le reclamaba que al aprobarse el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por Nueva Aldea no se ponderaron adecuadamente las observaciones presentadas por la organización. El recurso fue acogido, pero aún y luego de casi un año y medio, se desconoce la respuesta del organismo público.
Megaproyectos
La semana pasada, un grupo de académicos de la Universidad de Chile visitó la zona, ya que están realizando desde hace dos años un estudio denominado “Impacto de los megaproyectos de inversión sobre la identidad cultural de comunidades locales”.
Entre los tres casos emblemáticos que utilizaron como base del estudio se encuentra la celulosa de Nueva Aldea. Los otros dos son el proyecto minero de Pascua Lama en la Región de Coquimbo y la celulosa Valdivia, también de Celco.
Hugo Romero, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio y actual coordinador académico del Programa Interdisciplinario del magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile, explica que la selección de estos casos se basó en “comunidades que estarían bajo condiciones de amenaza de sobrevivencia relacionadas con las actividades que tradicionalmente han hecho”, provocadas por la intervención de megaproyectos que afectan su normal forma de vida.
En todos los casos han monitoreado la realidad social, cultural y económica de la zona en los últimos 30 años y hay una tendencia a que “las comunidades afectadas con estas inmensas inversiones vean agudizados sus problemas”.
Asegura que el conflicto con el agua es un común denominador de todos los casos estudiados, sobre todo porque hay enorme desinformación sobre de qué forma se verán afectados: no saben derechamente si se contaminará o si va a escasear.
Lo más preocupante en todos los casos estudiados es la decepción y pérdida de credibilidad de los pobladores hacia los organismos del Estado.
Puntualiza que los pobladores se sienten solos, indefensos, lo que termina generando conflictos que se vuelven insolubles e “imposición de decisiones que generan resentimiento y que incluso puede generar más pobreza. Por eso es necesario pensar si estos megaproyectos están pensando en una distribución de beneficios de forma adecuada en términos sociales”.
Romero asegura que cuando una empresa decide invertir millones de dólares en un proyecto, obviamente tiene claros los efectos de la intervención y todos los puntos relacionados. “Pero no se observa una acción equivalente de parte de las entidades gubernamentales, ya que no hay un orden sinérgico asociado al proyecto”, comenta.
En suma, falta una visión integrada territorial del desarrollo, no ver sólo las consecuencias de un solo proyecto, sino que tener una visión global de cómo afecta la suma. “Por eso el medioambiente hay que entenderlo más desde el punto de vista de desarrollo sustentable que sólo desde el prisma de la contaminación ambiental”, concluye el académico.-
