“A pesar de los padecimientos de la población, la clase política insiste en más de lo mismo y evade el debate de fondo sobre la responsabilidad del Estado en el transporte público”. dice Sara Larraín, de Chile Sustentable.
Fuente: www.lanacion.cl, 27 Jun 2007.
La crisis del transporte público de Santiago y el desabastecimiento eléctrico, motivados en gran medida por la falta de visión de Estado y el sesgo economicista de los gobiernos anteriores, han hecho retroceder los proyectos de descontaminación y la calidad de los servicios de utilidad pública capitalinos, con consecuencias sobre la salud, el bienestar y la convivencia de los habitantes de la ciudad.
Esas malas decisiones han confinado al Gobierno a un margen de acción estrecho, con el subsecuente mayor riesgo de impactos ambientales y socioeconómicos debido a la presión por aprobar con rapidez proyectos de inversión en materia energética y -en cuanto al transporte- por no asumir el costo político de sanear lo mal hecho y abandonar el sesgo tecnocrático del plan Transantiago, programa con el que la gestión anterior -en su fijación por los beneficios privados- dañó la calidad del servicio para los ciudadanos.
A pesar de los padecimientos de la población, la clase política insiste en más de lo mismo y evade el debate de fondo sobre la responsabilidad del Estado en el transporte público. Así, la aprobación de 290 millones de dólares para el plan significa sólo ganar tiempo en una situación social crítica y perpetúa un obtuso enfoque tecnocrático, que se ilusiona con resolver una ecuación mala entre utilidades privadas y servicio público. La respuesta salva, por ahora, el alza del pasaje y solventa la compra de nuevos contratos, pero no garantiza mejores recorridos y frecuencias convenientes.
Mientras, los operadores de buses se aprestan a oír las propuestas del Ministerio de Transportes para rehacer contratos, a fin de ponderar nuevas conveniencias o reclamar indemnizaciones, pero nada vemos sobre una definición estatal permanente sobre la materia. ¿Por qué el temor del Estado a la hora de responder por los servicios públicos si los está financiando? ¿Es sensato subsidiar de nuevo los fracasos privados sin tomar el control? ¿Las autoridades quieren repetir el escandaloso subsidio a la banca privada en crisis hace unas décadas, lo que hasta hoy no hemos podido terminar de recuperar?
Tomar el “control público” del transporte y mantener la operación privada era la medida más adecuada. Es lo que se usa cuando una empresa está en apuros y otro actor económico concurre con financiamiento, pero aquí no fue así. Este doble estándar, avalado por el Gobierno y la Alianza, es lamentable y evidencia nuestro déficit democrático. Estamos por ver el fruto de esta incoherencia. En la Región Metropolitana ya viven seis millones y medio de habitantes, y la expansión urbana continúa, propiciada por la especulación inmobiliaria. La contaminación también sube y es cada vez más crítico mejorar el transporte público.
El Transantiago no ha motivado el uso de la movilización colectiva, sino que ha multiplicado los viajes en autos nuevos y viejos. Nuestros parlamentarios insisten en financiar esto sin que el Gobierno tenga mayor control económico de la situación. Cabe preguntarse si el Estado asumirá alguna vez el rol que le corresponde en beneficio de las mayorías que hoy padecen humillaciones o si la capital seguirá convertida en un centro de experimentación de diseños tecnocráticos, financiados con plata de los últimos en ser beneficiados.
