Así lo declaró la medio ambientalista Sara Larraín al vespertino La Segunda en su edición de ayer, texto que reproducimos in extenso para ustedes:
Como una compra de voluntades que corrompe la independencia de los procesos establecidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, calificó Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable al acuerdo llegado por la minera Barrick Gold con la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco para su proyecto Pascua Lama.
Así, rechazó de plano los argumentos del presidente de los regantes, Fernando González, quien dijo que este protocolo sentaba un precedente único de cómo resolver conflictos entre empresas y comunidades locales.
“Fernando González está tratando de desinformar a la opinión pública sobre lo que consiste este acuerdo. El protocolo claramente es un convenio en el cual Barrick Gold contrata a la Junta de Vigilancia”, dice Sara Larraín, detallando que en el artículo 2 del acuerdo se contrata a la Junta de Vigilancia para que participe en el proceso de elaboración de la respuesta a todas y cada una de las observaciones que puedan surgir en el marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto, tarea que es aceptada por los regantes en el artículo 3 del protocolo.
Así, detalla Larraín, “en el artículo 4 se señala que una vez consensuado el protocolo, la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco no se opondrá a la aprobación y posterior ejecución del proyecto”.
Más grave aún, dice la líder ecologista, en el artículo 5 del protocolo se establece que los costos incurridos por la Junta en la elaboración de los documentos de respuesta a la Corema serán costeados por Barrick. “Estos pagos están divididos en 4.660 UF que se pagaron al momento de firmar el acuerdo y 6.990 UF que se cancelaron a los 20 días de la firma de este protocolo. Esto demuestra que es un contrato entre ambos. Pero lo grave es que la empresa no sólo paga el estudio, sino que también otras obras en beneficio de la Junta por US$60 millones. Esto significa mitigaciones y compensaciones fuera del proceso de impacto ambiental con montos millonarios pagados por la empresa”, dice la directora de Chile Sustentable. Además, agrega Sara Larraín, Barrick Gold ofreció también US$10 millones para un fondo de sustentabilidad, “con lo que se están comprando las voluntades de las autoridades políticas”.
“Aquí hay una compra de voluntades a uno de los actores para comprar su aprobación a cambio de compensaciones económicas”, dijo Sara Larraín. “Con esto además se establece un precedente a actuar por vías paralelas al proceso gubernamental establecido mediante el reglamento de la ley 19.300. Eso es justamente a lo que se refirió la CMPC al decir que se establece un proceso fuera de la institucionalidad vigente… Se genera una presión indebida a los servicios públicos”.
