El Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins dictó este martes una resolución clave en el futuro político del exalcalde de Nancagua, Luis Escanilla Gaete. El tribunal resolvió dejar «en estado de acuerdo» la causa Rol N° 5.136-2024, lo que significa que el proceso ha entrado en su fase resolutiva final y los ministros se aprestan a dictar sentencia sobre la solicitud de inhabilitación que pesa contra la exautoridad comunal.
La decisión fue pronunciada tras recibirse el Oficio Nº OF148048/2026 de la Contraloría General de la República, documento con el cual se dio por cumplida la medida «para mejor resolver» que mantenía el proceso en pausa. El tribunal encargado de dirimir este caso está integrado por su presidente, el ministro Jorge Fernández Stevenson, y los abogados miembros Jorge Alberto González Varas y Carlos Alberto Carrasco García.
El origen de la acusación
La acción fue impulsada originalmente a mediados de 2024 por el actual alcalde de la comuna, Mario Bustamante Salinas, junto a cuatro concejales. Los querellantes buscan que se declare a Escanilla inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de cinco años, acusándolo de faltas graves a la probidad administrativa y notable abandono de deberes durante su gestión, la cual culminó en 2021.
El camino legal de esta causa no ha estado exento de tropiezos. A fines de 2024, el TER había declarado la caducidad de la acción argumentando que el plazo de seis meses para presentarla tras dejar el cargo había expirado. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revocó dicha decisión y ordenó tramitar la solicitud, argumentando que los plazos legales estuvieron suspendidos mientras la Contraloría Regional realizaba su investigación.
Los cargos de la Contraloría
La acusación en el tribunal electoral se sustenta fuertemente en el sumario instruido por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, finalizado el 15 de mayo de 2024. En dicho informe, el ente fiscalizador formuló y mantuvo tres graves cargos en contra de Escanilla:
Freno a invalidación de contratos: La Contraloría determinó que Escanilla instruyó personalmente detener un proceso de invalidación contra un decreto del año 2017. Dicho decreto había adjudicado obras a la Constructora e Inmobiliaria Yáquil SpA sin contar con el quórum legal del concejo municipal. Al detener el proceso, permitió que se extinguiera el plazo legal para invalidar la irregularidad.
Adjudicaciones sin acuerdo del Concejo: El exalcalde procedió a adjudicar licitaciones públicas de gran envergadura —como la conservación de la Escuela Adriana Lyon Vial y diversos proyectos FRIL— sin someter de forma previa los actos adjudicatorios a la consideración del concejo municipal para su aprobación o rechazo.
Rebajas arbitrarias de multas a constructora: Escanilla fue sancionado por rebajar de forma injustificada las multas aplicadas por atrasos a la empresa Constructora e Inmobiliaria Yáquil SpA. El exalcalde autorizó rebajas de un 70% y un 80% sobre multas millonarias en los proyectos del CESFAM Cunaco y la reposición de paraderos. Estos decretos alcaldicios fueron emitidos sin expresar fundamentos de derecho ni razonamientos, haciendo caso omiso de los informes de la propia Dirección de Obras del municipio, la cual ya había desestimado formalmente las apelaciones del contratista.
Con el cierre del debate probatorio y la causa formalmente «en acuerdo», se espera que en los próximos días el TER de O’Higgins entregue el veredicto definitivo que establecerá si las actuaciones administrativas de Luis Escanilla le costarán o no su inhabilitación de la vida pública.
