La denominada megarreforma impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast concluyó este martes su tramitación en el Congreso, luego de que el Senado aprobara el informe de la comisión mixta por 27 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, la iniciativa aún no está completamente despejada, ya que deberá enfrentar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) y los vetos presidenciales anunciados por el Ejecutivo antes de su promulgación.
El proyecto, considerado una de las principales apuestas económicas de la actual administración, incorpora una serie de modificaciones tributarias y regulatorias, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo, una invariabilidad tributaria por 20 años, la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, mecanismos de compensación para municipios y nuevas disposiciones vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos de inversión.
La aprobación estuvo precedida por intensas negociaciones entre el Ejecutivo y parlamentarios independientes. Uno de los respaldos clave fue el del senador Matías Walker, quien condicionó su voto favorable a un compromiso del Gobierno para asegurar recursos extraordinarios destinados a la reconstrucción de la Región de Coquimbo tras los recientes desastres naturales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que se acordó la creación de un fondo especial de reconstrucción con recursos frescos que serán incorporados en la Ley de Presupuestos 2027.
Oposición cuestiona acuerdo y compensación municipal
Durante el debate en la Sala, parlamentarios de oposición manifestaron reparos tanto al contenido de la reforma como a las negociaciones que permitieron reunir los votos necesarios para su aprobación.
El senador Iván Flores (DC) criticó que el respaldo a la iniciativa estuviera vinculado a compromisos para una región específica y sostuvo que ese tipo de acuerdos no debieran formar parte del proceso legislativo.
Asimismo, cuestionó el mecanismo diseñado para compensar a las municipalidades por la pérdida de ingresos derivada de la exención de contribuciones, señalando que dichos recursos provendrán de impuestos generales. A su juicio, ello implica que el costo del beneficio será financiado por todos los contribuyentes, incluso aquellos que no acceden a la exención.
En la misma línea, la senadora Claudia Pascual (PC) sostuvo que el informe de la comisión mixta eliminó la focalización inicialmente acordada para el beneficio, reemplazándola por un sistema de compensación a los municipios. Además, respaldó la propuesta de alcaldes de distribuir esos recursos mediante los criterios del Fondo Común Municipal.
Oficialismo defiende beneficios y apoyo a municipios
Desde el oficialismo, los senadores defendieron la iniciativa destacando sus efectos económicos y tributarios.
El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que uno de los principales avances de la reforma es la eliminación del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años, beneficio que, según indicó, favorecerá especialmente a la clase media.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, aseguró que el compromiso del Gobierno fue garantizar que ninguna municipalidad vea reducidos sus ingresos como consecuencia de la reforma, mediante un mecanismo de compensación financiado por la Tesorería General de la República.
El sistema aprobado establece que el Servicio de Impuestos Internos calculará anualmente la recaudación que dejarán de percibir los municipios y el Fondo Común Municipal, monto que será compensado por el Estado. Para acceder a esos recursos, las municipalidades deberán cumplir requisitos administrativos y demostrar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos municipales.
Proyecto aún enfrenta revisión constitucional
Pese a haber concluido su paso por el Congreso, el futuro definitivo de la megarreforma aún depende de la resolución del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre requerimientos presentados por parlamentarios de oposición respecto de las normas de invariabilidad tributaria y de los mecanismos de compensación asociados a resoluciones de calificación ambiental.
Paralelamente, el Gobierno anunció que ingresará un veto presidencial para modificar disposiciones relacionadas con el anatocismo y con la eliminación del denominado «olvido financiero», antes de la promulgación del proyecto. Con ello, el texto aún deberá superar estas últimas etapas antes de convertirse en ley.
