El abogado Milton Gornall Muñoz, en representación de la parte requirente en la causa por falta a la probidad contra el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras Jorquera, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins, con el objetivo de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revoque la sentencia que solo aplicó una suspensión temporal al jefe comunal y en su lugar ordene su remoción definitiva.
El recurso fue interpuesto luego de la sentencia del 4 de noviembre, en la que el TER acogió parcialmente el requerimiento al determinar que el alcalde infringió normas de probidad administrativa al firmar dos decretos —en 2021 y 2022— que beneficiaron directamente a su pareja y conviviente, la funcionaria municipal Cristina Loreto González Santibáñez. Sin embargo, el tribunal consideró que la falta no alcanzaba el carácter de “grave”, aplicando una sanción menor.
En su apelación, Gornall argumenta que el tribunal de primera instancia erró al calificar los hechos como aislados, ya que la firma de ambos decretos evidencia una conducta reiterada y sostenida en el tiempo. Asimismo, sostiene que el deber de abstención que pesa sobre las autoridades en casos de conflictos de interés es de carácter objetivo, y que su vulneración, aunque no implique perjuicio patrimonial, constituye una afectación significativa a la confianza pública.
El abogado también calificó como “manifiestamente desproporcionada e insuficiente” la sanción impuesta por el TER, indicando que el estándar exigido por la ley para considerar una falta como grave se cumple plenamente en este caso, dado que el alcalde intervino en dos actos decisorios en beneficio de su conviviente, vulnerando el principio de imparcialidad.
El Tribunal Electoral Regional de O’Higgins acogió el recurso y lo remitió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para su conocimiento y fallo. La resolución fue dictada por el ministro Jorge Fernández Stevenson, junto a los abogados integrantes Bernarda Soto Farías y Carlos Carrasco García, y certificada por el secretario relator Flavio González Camus.
Será ahora el Tricel quien determine si corresponde aplicar la sanción máxima de remoción del alcalde Marco Contreras Jorquera, acusado de contravenir gravemente las normas sobre probidad administrativa.
