En tiempos de reconstitución y transformación, el anhelo de un cambio estructural en Chile se ha desdibujado. La propuesta constitucional liderada por el Consejo Constitucional, bajo la égida de la extrema derecha encabezada por José Antonio Kast, representa un desvío peligroso de los ideales que originaron este proceso fundamental para el país.
El miedo, herramienta recurrente en el arsenal político, se ha convertido en el principal motor de esta propuesta. Desde Europa hasta América Latina, el discurso del miedo ha sido empleado por ideologías conservadoras para obtener réditos electorales. En nuestro contexto, el temor a la pobreza y la inseguridad ha sido instrumentalizado para justificar una serie de medidas retrógradas y desreguladoras.
Esta propuesta, concebida en medio de una crisis política, adolece de una premura incomprensible en sus tiempos de deliberación y redacción. El despliegue electoral para el plebiscito, lejos de garantizar una participación informada, ha dado paso a candidatos cuyos perfiles confrontacionales chocan con la necesaria conciliación para un proceso de tal magnitud.
En el núcleo de esta propuesta, el miedo se ha convertido en la base de campaña. El miedo a la pobreza justifica la desregulación de mercados, un enfoque que, paradójicamente, generará más desigualdades en el largo plazo. El miedo a la violencia se ha convertido en una etiqueta que estigmatiza al diferente, al inmigrante, al que piensa distinto, perpetuando así un ciclo de división y confrontación.
Esta visión conservadora, neoliberal y xenófoba, pretende arraigar sus postulados en la Constitución, desplazando indebidamente la legislación necesaria y urgente para enfrentar la degradación de la seguridad en Chile. El texto propuesto es, esencialmente, un código penal camuflado, con un énfasis punitivo peligroso por múltiples razones.
En primer lugar, al incluir materias penales en la Constitución, se impide su adaptación a condiciones cambiantes, limitando así su efectividad a futuro. En segundo lugar, el enfoque de mano dura como única alternativa para la seguridad es, en realidad, un mal camino para controlar el crimen, generando más problemas en cárceles sobrepobladas. Y por último, esta propuesta desvía la atención de la verdadera causa de la inseguridad, ocultando influencias nefastas sobre el poder legislativo.
La inseguridad en Chile ha alcanzado niveles alarmantes, con una percepción que contrasta con las estadísticas de victimización. La proliferación de crímenes extremadamente violentos refleja una transformación radical en la delincuencia, impulsada por la infiltración de organizaciones criminales internacionales. Pero la respuesta propuesta, lejos de ser efectiva, agudiza la vulnerabilidad de los más desfavorecidos y perpetúa un ciclo de delincuencia.
Se evidencia una omisión preocupante en el control del lavado de dinero, una pieza clave en el rompecabezas del crimen organizado. La falta de acción legislativa en este aspecto, sumada a la inclusión de políticas ineficaces en la propuesta constitucional, representa un riesgo palpable para la seguridad y la estabilidad del país.
En el debate sobre la seguridad, el enfoque exclusivo en medidas represivas se torna cegador. La verdadera solución radica en políticas integrales que desarticulen las estructuras financieras del crimen organizado, fortalezcan la presencia estatal en territorios desatendidos y promuevan la reinserción social. Es imperativo no permitir que esta propuesta basada en el miedo y en enfoques simplistas de seguridad sea adoptada como la hoja de ruta para el futuro de Chile.
La Constitución no debe ser un instrumento para perpetuar políticas que generan más problemas que soluciones. Es momento de reflexionar sobre el verdadero significado de seguridad, de garantizarla a través de políticas coherentes y efectivas, y de no sucumbir ante el discurso del miedo que amenaza con desviar al país de su curso hacia un futuro más justo y próspero para todos.
