El ministro de Vivienda y Urbanismo y presidente de Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), Carlos Montes, junto a sus pares de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, reafirmaron el compromiso del Gobierno de enviar un proyecto de ley, este año, para ordenar la planificación del área rural y evitar que las personas habiten en zonas de riesgo. Así lo manifestaron durante el seminario “Habitar de Forma sostenible el territorio rural”, realizado hoy en Santiago, iniciativa que es parte de un proceso de diálogo con la sociedad civil, para robustecer la iniciativa legal con miras a su futura discusión legislativa.
“Este encuentro surge por la situación grave que vive el país. Chile se viene subdividiendo en parcelaciones. Ya tenemos 350 mil parcelas que están generando un impacto medio ambiental, alimentario, ya que la tierra para producir es cada vez más escasa, y también, para los municipios que están recibiendo presiones indebidas para la provisión de servicios. Este tema está relacionado con la catástrofe que estamos viviendo por los temporales y por la ausencia de una mirada planificadora que anticipe los conflictos y riesgos”, dijo el ministro Montes.
A su turno, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sostuvo que desde que asumió la cartera “junto al SAG, dijimos que se acabó la chacota, esta explosión de parcelas dañando los territorios, se acabó esta locura de no preguntar a ningún otro ministerio respecto de parcelaciones en los bordes de ríos como loteos brujos”.
El secretario de Estado agregó que “felizmente ningún jueza o jueza de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones avaló el que era ilegal lo que habíamos hecho, entonces vamos a seguir en eso, es muy importante seguir en esta consulta a las divisiones de desarrollo urbano de las Seremi de Vivienda de cada región”.
Para la titular del ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, “estos espacios de diálogo son la prueba palpable de que, en Chile, valoramos la importancia de la participación ciudadana y también de que podemos repensar en conjunto la manera en que la institucionalidad del Estado aborda la habitabilidad sostenible en el territorio rural. En un contexto de emergencia como la que hoy vivimos en la zona centro sur, el aumento de las parcelaciones y la irregularidad, esto se vuelve urgente. Estoy segura de que estas actividades serán un aporte a la planificación del territorio y al proyecto de ley que está pronto a discutirse. Desde nuestro ministerio sabemos y vemos cada día el enorme valor que tiene el suelo. Y porque el suelo importa y está siendo cada vez más demandado y tensionado por la desertificación, el cambio climático y la expansión de la urbanización, no da igual cómo regulamos su uso y lo protegemos”.
El proceso de diálogo “Habitar de Forma sostenible el territorio rural”, se realizó en cinco zonas del país (norte – Atacama, centro – Valparaíso, sur – Los Ríos, extremo sur – Aysén y en el caso de Santiago se hicieron mesas de trabajo) para asegurar que la discusión contuviera diversas opiniones y las particularidades de la problemática en los distintos lugares.
Cerca de 100 personas participaron de las mesas de trabajo y del hito de inicial en Santiago, otras 350 asistieron a los cuatro diálogos regionales y 2 mil siguieron las transmisiones en vivo de dichos eventos. Entre los asistentes, figuran representantes de desarrolladores inmobiliarios, empresas de servicios e infraestructura, gobiernos y municipalidades, academia y organizaciones sociales, en jornadas nacionales y regionales para recoger opiniones y propuestas de dichas problemáticas.
El proceso, que se realizó entre junio y agosto, recolectó información relevante para reforzar el trabajo que está haciendo el ejecutivo en la redacción de un nuevo proyecto de ley, que será presentado este año a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
Entre las propuestas e inquietudes que surgieron durante los diálogos figuran la necesidad de aplicar principios precautorios o de incluir a Senapred en la planificación territorial, a raíz de las construcciones en zonas de riesgo; abordar con urgencia la gestión de las aguas; aumentar las áreas protegidas, y así cuidar la biodiversidad, prohibiendo la parcelación en esas áreas, entre otras materias.
Asimismo, la mayoría de los participantes reconoce la ausencia de información, por ejemplo, para cuantificar las razones de compra de terrenos. Por ello, proponen crear un registro único de propiedades rurales del país para dimensionar la problemática y poder disponer de información que permita una mejor planificación territorial.
