Consejo Constitucional recibió 31 Iniciativas Populares de Norma que deberán ser consideradas en la discusión constitucional
La mesa directiva del Consejo Constitucional recibió, a manos de la Secretaría de Participación Ciudadana, del documento oficial con toda la información de las 31 Iniciativas Populares de Norma que alcanzaron las 10 mil firmas requeridas para ingresar a la discusión constitucional.
Durante el Mes de la Participación Ciudadana, que ocurrió entre el 7 de junio y el 7 de julio, las personas y organizaciones de la sociedad civil participaron a través de cuatro mecanismos para opinar y proponer cambios a la propuesta de Constitución presentada por la Comisión Experta, siendo la Iniciativa Popular de Norma el de mayor alcance, llegando a 236.475 participantes con Clave Única.
Fueron 1.309 Iniciativas Populares de Norma presentadas, que en total recibieron 637.612 apoyos. De ellas, sólo 31 propuestas de enmienda fueron entregadas al Consejo Constitucional, luego de alcanzar el número de patrocinios requeridos. Desde ahora, estas iniciativas serán ingresadas a la discusión del Consejo Constitucional como indicaciones al anteproyecto constitucional, y votadas en las mismas condiciones que las que podrán presentar los consejeros y consejeras hasta el 17 de julio.
La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, destacó que en esta oportunidad tanto las Iniciativas Populares de Norma, como “la participación ciudadana se hacía sobre un texto concreto, por tanto es mucho más medible el impacto que luego tendrán en el Consejo.”
Beatriz Hevia aseguró que ahora el compromiso de las y los consejeros es “citar a los autores de las iniciativas a que puedan ir a cada una de las comisiones sobre las que recae el artículo del que proponen modificación para que puedan explicar la fundamentación de las iniciativas, dar a conocer sus explicaciones y ser escuchados por cada una de las comisiones para que puedan ser evaluados en su mérito y así los consejeros miembros de la comisión puedan evaluar qué decidir frente a cada una de estas Iniciativas Populares de Norma”, señaló.
“Si uno analiza las 1.309 Iniciativas presentadas, hay Iniciativas de todos los capítulos, de todas las temáticas, y si revisamos las 31 iniciativas que juntaron las 10 mil firmas provenientes de al menos cuatro regiones, también encontramos una diversidad de temas, de aproximaciones y de visiones distintas que existen dentro de la sociedad”, señaló Alejandra Ovalle, encargada del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Por último, Ignacio Irarrázaval, secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, dio a conocer los próximos pasos de la Secretaría: “El día 21 de julio vamos a venir con los rectores de la Universidad Católica, la rectora de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad Católica del Norte, la rectora de la Universidad de Aysén y la rectora de la Universidad de las Américas, a presentar al Consejo Constitucional el informe de participación ciudadana donde se sistematiza no sólo las Iniciativas Populares Normas que entregamos hoy sino también las Audiencias, la Consulta y los Diálogos Ciudadanos”.
Ministro Elizalde valoró alcances del Estado social y democrático de derecho
Con la presencia del titular del ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Álvaro Elizalde, se desarrolló una nueva sesión plenaria del Consejo Constitucional, oportunidad donde el secretario de estado abordó los alcances del anteproyecto constitucional propuesto por la Comisión Experta.
En la instancia Elizalde repasó las diversas normas constitucionales, destacando múltiples aspectos de la propuesta, como son la incorporación constitucional del Estado social y democrático de derecho, el rol y ejercicio de los partidos políticos, Congreso Nacional y atribuciones del Presidente de la República.
El ministro Elizalde, expuso que el país requiere de una Constitución que sea factor de unidad de todos los actores sociales y políticos. En esa línea aseguró que el éxito del Proceso Constitucional implica tener una Constitución a la altura de lo que Chile merece, haciéndonos cargo de los problemas de nuestro sistema político, sobre la base de una larga trayectoria constitucional.
En relación al Estado social y democrático de derecho, Elizalde manifestó el alcance de su incorporación en la carta fundamental, el fin que persigue y la experiencia en diversos países que lo han incorporado.
El titular de la SEGPRES, recalcó lo relevante de la unidad y apoyo ciudadano del proceso -no cerrando «el debate democrático»-, que se debe concitar en el nuevo texto constitucional que será propuesto el próximo mes de diciembre para su ratificación ciudadana.
Elizalde detalló la importancia de la participación ciudadana propuesta en el anteproyecto de nueva Constitución, resaltando las diversas instancias y su valoración en el tiempo como fortalecimiento de la democracia.
Por su parte, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) y el consejero Fernando Viveros (PC), expusieron en el pleno del Consejo Constitucional sus puntos de vista, oportunidad donde abordaron, entre otros temas, el rol del Estado y la importancia del Proceso Constitucional en la nueva Constitución.
Expertos en trabajo y sindicatos exponen ante la Comisión de Derechos
¿Trabajo digno o decente? ¿Derecho a huelga dentro o fuera de la negociación colectiva? Esas fueron algunas de las preguntas que encendieron el debate luego de la exposición de los invitados Alfonso Canales, Erick Campos y comisionados y consejeros que participaron de la sesión de este lunes en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.
El abogado y académico Alfonso Canales expuso sobre el texto del anteproyecto de la Comisión Experta, y señaló sus reparos a consagrar el trabajo decente. “El tipo de trabajo que debe ser consagrado constitucionalmente es el trabajo digno. El trabajo decente es un concepto en evolución, al que le falta la suficiente certidumbre que sí tiene el trabajo digno”.
Canales agregó que el trabajo digno “comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y la salud en el trabajo, así como una justa retribución, derecho al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto a los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal”.
El abogado se mostró partidario de circunscribir el derecho a huelga solo a la negociación colectiva, y únicamente para los trabajadores del sector privado. “La constitución le debe garantizar a los trabajadores públicos la libertad sindical y el derecho a realizar petitorios a la autoridad. La labor del Estado es esencial, y una paralización de los servicios sería gravísima”.
La exposición provocó desacuerdo entre dos integrantes de la Comisión Experta presentes en la sesión. Flavio Quezada señaló que la propuesta de Canales “es un retroceso, porque la discusión constitucional ha ido decantando en llegar a fórmulas muy distintas a las que está proponiendo, que es privar de un derecho humano, que es el derecho a huelga, al sector público”. Alexis Cortés consideró que “circunscribir la huelga a la negociación colectiva sería un retroceso a la propia jurisprudencia nacional”, al documentar casos donde los tribunales han acogido este tipo de paralizaciones.
Eric Campos, secretario general de la Central Única de Trabajadores, expuso que “uno de los vestigios más concretos de la dictadura es el plan contra los derechos colectivos de las y los trabajadores”, y mencionó que su organización logró los más de 10 mil patrocinios requeridos para dos iniciativas populares de norma sobre derecho al trabajo, la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.
Campos señaló que “se asume que los sindicatos están permanentemente pensando en hacer la huelga, y los sindicatos estamos permanentemente pensando en negociar. Lo que hay que promover es el diálogo social”, y agregó que existe una asimetría entre el capital y el trabajo: “cuando usted negocia en una empresa, el empleador va con una serie de asesores. Nosotros, en el mejor de los casos, un abogado, y el peligro eventual de ejercer la huelga. A ningún dirigente sindical le gusta irse a huelga. Menos en las condiciones actuales, que son tan desfavorables”.
Sobre el derecho a huelga en el sector público, Campos señaló que “lo que habría que hacer es regular lo que ya existe, sin que los trabajadores pierdan el derecho que han ido adquiriendo en ese ejercicio a lo largo de 30 años. No buscamos una huelga a todo evento. Es más, decimos que debe limitarse a todas acciones que sean fundamentales para el desarrollo de la vida y la sociedad”.
Francisco del Río, exasesor externo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sugirió una serie de enmiendas al texto aprobado por los comisionados. Respecto a la libertad sindical, expuso que la redacción actual “está consagrando el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga en forma autónoma, equivalente, en un mismo nivel jerárquico, y eso implica que la huelga está concebida en forma libre, y no asociada a un proceso de negociación colectiva”.
“Que la huelga esté asociada a la negociación colectiva implica dar cuerpo a lo que la OIT señala: esta debe ser en defensa de los intereses de los trabajadores. La defensa de los intereses de los trabajadores tiene nombre y apellido: negociación colectiva”, afirmó del Río. “Es una ocasión privilegiada de diálogo social dentro de la empresa, y por eso es tan importante que el derecho a huelga esté dentro de la negociación colectiva”, concluyó.
Derechos indígenas, acusaciones constitucionales y elecciones entre temas que analizó Sistema Político
El establecimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, observaciones al anteproyecto presentado por la Comisión Experta y el futuro de la ley electoral, fueron las temáticas que analizó la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.
Raquel Yrigoyen, experta peruana en derecho internacional, destacó que la nueva Carta Magna debe reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas. “Es importante constitucionalizar derechos a la vida e integridad colectiva, autogobierno y participación en el Estado, entre otros temas”, aseguró.
Asimismo, sostuvo que el articulado debe regirse por los principios de progresividad y no regresividad, según lo establecen los mandatos internacionales.
También abordó el tema el ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin, quien valoró el trabajo de la Comisión Experta “que por primera vez incorporó los derechos de los pueblos indígenas individuales y colectivos”.
Según comentó, Chile tenía un rezago enorme en la materia con cerca de 13% de población indígena, lo que aseguró es una “omisión inadmisible” en la Constitución y no sólo con el pueblo mapuche.
Tras su exposición, el consejero Alihuen Antileo (Ind) preguntó sobre la importancia de los escaños reservados como mecanismo de participación diferenciada.
Al respecto, Aylwin afirmó que deben ser reconocidos por la nueva Constitución. “Debiera ser un número proporcional a la demografía indígena. A nivel regional y comunal habría que tener presente a esta población”, subrayó.
En tanto, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) consultó cómo resolver el tema del derecho de propiedad. La respuesta fue que los derechos colectivos reconocidos en las leyes internacionales incluyen tres grandes categorías: tierras, territorios y recursos naturales. Allí, agregó, se establecen los derechos de propiedad.
Observaciones al anteproyecto
Posteriormente expuso el ex diputado, ex senador y ex ministro, José Antonio Viera Gallo, quien realizó una serie de observaciones al anteproyecto que, a su juicio, debieran ser revisados.
Una de ellas, dijo, tiene que ver con los artículos que hacen alusión a las acusaciones constitucionales y que contienen una causal vaga que es que los ministros u otras autoridades “han dejado las leyes sin ejecución”.
“Eso deja abierta la posibilidad de que los parlamentarios realicen una interpretación”, explicó Viera Gallo, quien añadió que una sanción de 5 años para no ejercer una función pública es un exceso. “No pueden hacer clases en una universidad pública”, señaló.
Además, se mostró en desacuerdo con la “novedad” que se establece respecto a que el Presidente, dentro de los primeros tres meses de su mandato, puedan cambiar nombres de ministerios, alterar su número y sus dependencias.
También instó al Consejo a mencionar a la Antártica como un territorio especial, al igual como es Isla de Pascua e incorporar a Gendarmería como cuerpo de orden y seguridad “porque está definida como institución militar armada”.
Los planteamientos generaron dudas en consejeros como Christian Suárez (Ind-PS), quien señaló que el tema antártico podía generar roces con otros estados que exigen soberanía.
En tanto, Ricardo Ortega (PRep) se mostró en desacuerdo con incorporar a Gendarmería a las Fuerzas Armadas porque tiene “sindicatos”, mucho personal civil y su labor se limita a una cuestión carcelaria y no a imponer orden y seguridad.
El último de los expositores fue el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, quien realizó una serie de observaciones a los contenidos referidos al organismo.
En ese contexto, puso especial énfasis en las elecciones internas de los partidos políticos y su autonomía. “No se precisa que podrían ser territoriales, comunales, provinciales, distritales, de agrupaciones internas, etc”, dijo el experto.
Y agregó: “La realidad de los partidos es muy disímil, lo que podría hacerlo impracticable”.
Comisión de Principios debate sobre nacionalidad y ciudadanía
La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos recibió las opiniones y las propuestas de distintos expositores que se refirieron a los artículos 17 al 22 sobre nacionalidad y ciudadanía del anteproyecto de la Comisión Experta.
Los representantes de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Rafael Zavala y Pedro Pablo Rossi, basaron sus exposiciones sobre la nacionalidad y la prevención de la persona apátrida, y el derecho a buscar y recibir asilo. Si bien valoraron lo que ha hecho Chile en estas materias durante los últimos años, sin embargo expresaron que se puede “avanzar mucho más porque se está en un momento clave”.
Sus puntos de vistas los inclinaron en que es necesario consagrar el derecho a toda persona a la nacionalidad, eliminar la excepción constitucional de adquisición automática de la ciudadanía para los hijos de extranjeros transeúntes y también incluir una salvaguarda en el artículo 17.3 para evitar la apátrida.
Reforzaron sus comentarios al mencionar que diversos tratados internacionales sobre derechos humanos consagran a la nacionalidad como un derecho humano inderogable, entre ellos la Declaración Universal de los DD.HH, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana de DD.HH.
Zavala hizo varias recomendaciones para mejorar el texto constitucional, como por ejemplo otorgar facilidades para la naturalización de personas refugiadas y sin patria, y establecer que la ley debe garantizar el acceso efectivo a adquirir de manera inmediata la nacionalidad en caso de que la pierdan niños y/o adolescentes.
La jefa Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Gabriela Hilliger, al hacer un análisis de esta materia sobre la situación de los extranjeros en territorio nacional, señaló que hoy Chile tiene un 8% de población inmigrante, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migración y de la Policía de Investigaciones de Chile.
Si bien sostuvo que el anteproyecto de la Comisión Experta tiene varios avances en cuanto a la nacionalidad y ciudadanía, sugirió eliminar del texto que no podrán ser chilenos “los hijos de extranjeros transeúntes”. Expresó que en la actualidad la situación es muy complicada para estos menores -especialmente venezolanos y haitianos-, porque no pueden acceder a distintas ayudas básicas del Estado, como por ejemplo educación, salud y a tener una cédula de identidad.
En tanto, el representante del Centro de Estudios de Ideas Republicanas, Jaime González, valoró la propuesta constitucional de los expertos, pues a su parecer “es bastante completa y similar a la Constitución del ’80”. No obstante, hizo referencia a la nacionalidad chilena cuando se pierde, señalando que en el anteproyecto hay aspectos no claros y con una redacción que debe ser mejorada.
Expresó que es importante profundizar y reforzar algunos procedimientos en la norma que menciona cuando una persona puede renunciar a la nacionalidad, porque de lo contrario podría quedar en condición de apátrida. Para ello, hizo alusión a que incluso en otros países se requiere de una resolución de un órgano competente para revisar esta situación, recomendando que quizás Chile también lo pueda considerar.
