Descentralización y presidencialismo concentra trabajo de Comisión de Sistema Político
La importancia de la descentralización, el fortalecimiento del presidencialismo y la existencia de mecanismos de participación ciudadana, fueron los principales temas que abordaron los invitados a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.
Entre los expertos estuvo el catedrático de Derecho Constitucional español, Raúl Canosa, quien, entre otros tópicos, se refirió a la transferencia de competencias y el reparto territorial del poder político.
En ese contexto, destacó que la gestión del Estado “por parte las comunidades en las regiones, puede ser muy importante para el despliegue del Estado Social”.
Tras su exposición, el consejero Jorge de la Maza (PRep), preguntó por qué se hablaba de transferencia de competencias y no de desconcentración de estas, a lo que Canosa respondió que en términos jurídicos “la desconcentración se refiere a que un órgano del Estado no tenga su sede en la capital, sino que en otro lugar”.
Christian Suárez (Ind-PS), quien celebró la exposición del académico español, le consultó sobre alguna fórmula para mejorar la relación entre gobierno central y las regiones. “En España se hace a través de un consejo de gobernadores”, señalo Canosa, quien precisó que estas reuniones se realizan de manera anual y han permitido articular mejor el poder político.
Otro de los expositores fue el profesor de derecho constitucional Francisco Zúñiga, quien valoró los mecanismos relativos al presidencialismo que están incluidos en el anteproyecto de Constitución.
En esa línea, destacó que se busque reducir la fragmentación de las colectividades con el umbral del 5%, que se limiten las iniciativas de ley derogatorias y que se fortalezca la influencia de los partidos sobre los parlamentarios.
Su afirmación, fue refutada por Edmundo Eluchans (UDI), quien advirtió que con este nuevo escenario se corría el riesgo de que los parlamentarios se quedaran sin voz “y eso me parece muy peligroso”.
“Esto apunta a terminar con el pirquineo de los votos en las cámaras, lo que está reñido con la gobernabilidad”, dijo el académico, quien añadió que “la democracia moderna es de partidos y hay que reequilibrar la representativa con la participativa”.
¿Menores con derecho a voto?
Los mecanismos de participación ciudadana también fueron analizados durante la sesión. El abogado Alejandro Fernández, comentó que actualmente estos espacios no tienen una buena valoración por parte de la ciudadanía.
“Pero el anteproyecto incorpora iniciativas populares, foros de deliberación ciudadana, plebiscitos y consultas”, dijo el jurista, quien agregó que “son más representativos de la sociedad y que es una buena innovación del anteproyecto”.
La consejera María Pardo (CS), coincidió con Fernández respecto a que los mecanismos de participación permiten una comunicación más fluida con la sociedad. En ese sentido, planteó evaluar la posibilidad de “incorporar el voto voluntario entre menores de 18 y mayores de 16 años”.
Asimismo, señaló que “los foros de deliberación y consulta podrían ser espacios donde se incorporen a los menores, pero lo que hay que fortalecer es la participación ciudadana en los colegios y tenemos que apuntar más a la educación cívica”.
Académicos piden cambiar anteproyecto sobre tratados internacionales de derechos humanos
Materias de derechos humanos relacionadas con los tratados internacionales suscritos por Chile, estuvieron en debate en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Las exposiciones de algunos académicos dieron cuenta de propuestas para modificar el anteproyecto de la Comisión Experta relativa a este ámbito.
Los académicos Julio Alvear -de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo- y Gonzalo Candia -de la Pontificia Universidad Católica de Chile- propusieron cambiar la redacción del artículo 5 inciso 2 inserto en el Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional, del documento con el cual trabaja el Consejo Constitucional.
La mencionada propuesta indica: “Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona”. En ese sentido, el profesor Alvear explicó que es “riesgoso y complejo” que las normas constitucionales en materia de derechos humanos queden sujetas a tratados internacionales, ligados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque limita la realidad de un país a dichas enmiendas.
Por su parte, el abogado Gonzalo Candia calificó como “complejo” y que tiene un “grado de déficit democrático” proponer este artículo en la Carta Fundamental porque “supone obligar constitucionalmente a los jueces nacionales a aplicar los criterios y definiciones de los órganos de supervisión y su jurisprudencia, particularmente, a aquellos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En su opinión, “cuando la Constitución directa o indirectamente toma los órganos de supervisión de tratados derechos humanos, priva -eventualmente- a las mayorías de la posibilidad de pronunciar la última palabra en torno a las exigencias que no son las mejores» para el país y su conjunto.
El Estado Social tienen algunos problemas
A su turno, el académico de la Universidad Finis Terrae Rodrigo Poyanco se refirió al Estado Social, explicando que establecerlo en la Constitución «pone en riesgo» a la misma y «tiene algunos problemas» al momento de aplicarse, tales como financieros, de burocracia y de transparencia.
En lo puntual, se refirió al artículo 1.2 del anteproyecto que dice que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Es así como sostuvo que -actualmente- hay más de dos millones de inmigrantes en Chile que vienen países con estados sociales, donde no funcionan en plenitud, lo cual no se compara con lo que sucede en Europa, donde estos sistemas sí prosperan. Recalcó que se puede establecer un principio de esta naturaleza en la Constitución, pero tiene “limitaciones” que son indispensables de considerar.
Artículo 14 “es el puntal para mejorar el sistema de protección para los niños”
En tanto, los representantes de la Organización Pacto Niñez, Juan Pablo Venegas y Anuar Quesille, se refirieron al artículo 14 del anteproyecto que señala que “la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”. Explicaron que constitucionalizar la protección de los niños y adolescentes es “el puntal para mejorar el sistema que actualmente tiene el país”.
En ese plano, propusieron mejorar el artículo incluyendo que el Estado promueva la protección integral de la niñez adoptando, sin discriminación, medidas para resguardar su supervivencia y desarrollo.
Además, plantearon que “en toda acción orientada a garantizar los derechos de la niñez, el interés superior, la protección frente a toda forma de violencia y las condiciones para crecer y desarrollarse en familia, serán consideraciones primordiales”.
Venegas dijo que “estos cambios permitirán contar con un estatuto normativo robusto y acorde con las necesidades de la niñez en el país”. Venegas y Quesille agregaron que hicieron una propuesta de iniciativa popular para fortalecer esta materia en la nueva Carta Fundamental.
Salud, concesiones y derechos: académicos exponen ante comisión
Dos destacados académicos, Eduardo Engel y Jorge Correa Sutil, expusieron ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.
En primer lugar, Eduardo Engel, profesor y economista de la Universidad de Chile, comenzó su exposición haciendo una analogía entre las concesiones de las carreteras y la diversidad en la provisión de seguridad social, donde existe participación pública y privada a través de distintos mecanismos.
El académico destacó casos donde existe libertad de competencia pero sin elección del usuario, como en el seguro de cesantía. La administración de este fondo se licita a una sola empresa, lo que genera un costo muy bajo en entregar el servicio, no se gasta en publicitar, no hay equipos de ventas y existe la ventaja de la competencia al asignarse competitivamente.
Respecto al régimen de salud, Engel se mostró partidario de dejar abierta la discusión al legislador y no forzarla constitucionalmente. Argumentó que no se sabe qué nos deparará en los próximos 30 o 40 años en términos de tecnología, demografía o contingencias como la pandemia.
Jorge Correa Sutil, académico y exsubsecretario del Interior, expuso que los derechos económicos, sociales y culturales no debían ser tratados como tales en la constitución, sino como deberes del Estado. De esta manera, la acción política a través de las leyes sería la encargada de satisfacer estos derechos.
Correa Sutil, además, llamó a tener cuidado con la posible judicialización de los derechos consagrados en el anteproyecto de la Comisión Experta, debido a los problemas que podría generar la aplicación de la constitución directamente por jueces.
Por otra parte, durante la sesión se llevó a cabo un minuto de silencio por el fallecimiento de Rodrigo Pica (44), ministro del Tribunal Constitucional.
Comisión del Consejo Constitucional abordó normas de Contraloría, Justicia Electoral y Servicio Electoral
Con las exposiciones de los académicos, José Luis Lara y Francisco Zúñiga y del presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, abordó en su sesión los capítulos del anteproyecto referido a Justicia Electoral y Servicio Electoral, y Contraloría General de la República.
El académico José Luis Lara, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC), expuso los alcances de las normas referidas a la Contraloría, destacando la robustez y carácter unipersonal del órgano fiscalizador, junto a la propuesta que busca crear un consejo asesor y la toma de razón en los gastos municipales.
Respecto al control y rendición de los recursos públicos por parte de la Contraloría a los municipios, el consejero José González (Independiente RD), destacó la importancia de la transparencia, poniendo de manifiesto los nuevos recursos que llegarán a los gobiernos comunales -especialmente en las regiones del norte del país-, debido a la nueva legislación del royalty minero.
Justicia Electoral y Servicio Electoral
El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, abordó -entre otros aspectos del capítulo X-, las normas referidas a la calificación -por parte del Tricel-, de las elecciones, sanciones y expulsiones al interior de los partidos políticos.
A su turno, Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expuso a las consejeras y consejeros su opinión respecto el gobierno y administración del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
