La subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos cerró la jornada fortaleciendo varios principios y derechos de la ciudadanía, en el marco de la redacción del anteproyecto que propondrá la Comisión Experta a los consejeros constitucionales, siendo uno de ellos que Chile es un Estado social y democrático de derecho y que tiene libertades fundamentales.
Continuando el trabajo, los comisionados siguieron debatiendo y votando distintas normas y enmiendas sobre los derechos, libertades, principios y garantías de las personas.
En la dinámica de la unidad de propósito o “enmienda amistosa” y centrada en la primera base constitucional, que expresa que es necesario “Asegurar el que Chile es una República Democrática, cuyo poder debe radicar en el Estado”, la subcomisión estableció por unanimidad la indicación que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización”.
Pero además que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
En medio de aplausos, luego de aprobarse, el presidente de la subcomisión, Máximo Pavez, señaló que “establecimos en el primer artículo, de esta propuesta de Constitución -que habla sobre la dignidad de la persona humana- que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho y de libertades fundamentales, reflejando esto el mejor acuerdo político posible para el país”.
“Hemos tenido una discusión del más alto nivel jurídico, político y también humano, donde hemos podio expresar los aspectos que nos unen y mostrar al país donde están nuestras diferencias, pero manteniendo siempre, con cariño y respeto, el valor de nuestra tradición constitucional”, recalcó Pavez.
En tanto, la comisionada y presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, expresó que al hacer este reconocimiento en el primer artículo de la nueva Constitución para nosotros “significa un nuevo comienzo en nuestra comunidad jurídica en cuanto a que prima un principio de solidaridad y de compromiso del Estado de Chile para un desarrollo progresivo y de derechos sociales”.
Undurraga valoró que los comisionados y comisionadas hayan propuesto que este tema se presentara en el primer artículo del anteproyecto, agregando que “estando de la mano con el reconocimiento de la dignidad humana, nuestro Estado tiene que ser social y democrático de todas maneras. Estamos muy contentos y valoramos este acuerdo”.
La entidad también aprobó la norma que establece que “el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Así como además “el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten”.
Otra norma aprobada fue que la “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento”.
Pueblos indígenas:
Se aprobó la norma que establece que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y su cultura”.
También que “el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad entre los distintos pueblos que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural”.
Además se aprobó que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Asimismo, “el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural”.
Se apoyó “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por lo dispuesto en esta Constitución y la ley”.
Como unidad de propósito se respaldó que “el derecho a asociarse sin permiso previo con fines religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Están prohibidas las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”.
Algunas fueron rechazadas:
También fueron rechazadas algunas enmiendas en materia de derecho de niños, niñas y adolescentes. Una de ellas fue el presentada por los comisionados Paz Anastasiadis, Alexis Cortés, Magaly Fuenzalida, Alejandra Krauss, Catalina Lagos, Domingo Lovera, Leslie Sánchez y Verónica Undurraga.
Esta indicaba que “la Constitución asegura la protección prioritaria del interés superior de niños, niñas y adolescentes y la titularidad y ejercicio efectivo de todos sus derechos fundamentales, el que incluye el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en las cuestiones que les conciernen y les afecten, en función de su edad y madurez”.
Y además que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres del temor a la violencia, a crecer en condiciones familiares que permitan el pleno y armónico desarrollo de su personalidad, y a ser protegidos contra toda forma de violencia, explotación y maltrato, incluido el castigo corporal”.
Algunos comisionados y comisionadas no descartaron reponer estas y otras enmiendas relacionadas con el tema durante la discusión del Pleno de la Comisión Experta en los próximos días.
