La remoción está siendo llevada a cabo por un fiscal del Ministerio de Educación en Santiago y se basa en dos antecedentes: la desvinculación de un grupo de docentes cuando se instauró el SLEP-Colchagua, que fue revertido tras un informe de la Contraloría, y una denuncia de irregularidades realizada por la Asociación de funcionarios de la Educación.
Fuentes ha asegurado estar tranquilo y que seguirá ejerciendo sus funciones hasta que el fiscal determine si es conveniente que permanezca en su puesto.
