En el podcast «Aquí lo Conversamos», conducido por Iván Cifuentes y Diego Grez para el diario El Marino, recibió en sus estudios en Infiernillo (Pichilemu) al diputado por el distrito 16, Ricardo Neumann. En una entrevista extensa, el parlamentario desglosó su agenda legislativa, abordó las polémicas que han marcado su rol fiscalizador y delineó los desafíos urgentes que enfrentan las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, desde la crisis de probidad en instituciones del Estado hasta el anhelado sueño del hospital local y la seguridad en zonas rurales.
Uno de los primeros temas abordados fue la visión cultural del diputado, una perspectiva moldeada por sus estudios paralelos de derecho y teatro en la Universidad Católica, y su posterior máster en dramaturgia política en el extranjero. Neumann reflexionó sobre el rol aglutinante de la cultura, citando a Aristóteles y Gramsci para explicar cómo el teatro y la política son pilares que dan sentido a la sociedad; cuando estos fallan, se producen fracturas institucionales y estallidos sociales.
Frente a la preocupación del gremio artístico por los ajustes presupuestarios impulsados por el actual gobierno y las modificaciones al financiamiento estatal, el parlamentario propuso un cambio de paradigma. «La cultura es un bien público indudable», afirmó, pero cuestionó el monopolio del Fondart como única vía de sustentación, señalando que históricamente un gran porcentaje de los ganadores se repite año a año. Neumann abogó por diversificar las fuentes de ingresos, integrando a organismos como Corfo y Sercotec para generar un verdadero «ecosistema productivo cultural». Esta visión busca empoderar a los creadores para que adopten lógicas de emprendimiento, fomenten la filantropía y validen la calidad de sus productos también a través de la taquilla y otras fuentes de financiamiento, sin eliminar los aportes regionales (FNDR).
La conversación adquirió un tono más incisivo al abordar el rol fiscalizador de Neumann. Recientemente, el diputado presentó ante la comisión de educación de la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República una serie de antecedentes sobre eventuales irregularidades en el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de O’Higgins. Ante las críticas del rector de dicha institución, quien lo acusó de buscar «causar daño», Neumann fue categórico: «Querer que un CFT estatal funcione bien de manera transparente y eficiente no es producir un daño. Nosotros no somos jueces, pero tenemos la obligación de poner los antecedentes que la ciudadanía nos entrega a disposición de las autoridades». Subrayó que estas posibles anomalías no solo afectan la gestión administrativa, sino la calidad educativa de los jóvenes en la región.
Esta misma determinación la expresó respecto a la profunda crisis de la Junaeb, originada tras descubrirse en San Fernando un fraude millonario relacionado con el pago de raciones alimenticias no entregadas por la empresa Soser. El diputado calificó el hecho de escandaloso y anunció que presidirá la comisión investigadora de la Cámara, un encargo transversal que asume con el compromiso de investigar el desvío de fondos destinados a los niños más vulnerables hasta las últimas consecuencias.
En el ámbito legislativo, la reforma constitucional en materia de seguridad fue un punto de análisis crítico. Si bien Neumann reconoce que la seguridad es el primer deber del Estado, mostró reservas frente al «primer disparo» (la propuesta inicial) del Gobierno, que sugería facultades extraordinarias y estados de excepción prolongados sin necesidad de revisión parlamentaria. Defendió el rol del Congreso como termómetro ciudadano para modular estas atribuciones, proponiendo que los estados de excepción que limitan libertades fundamentales se evalúen en plazos de 30 días.
Además, aterrizó la crisis de seguridad a la realidad local. Neumann destacó proyectos de ley estancados que buscan establecer un agravante penal para los delitos cometidos en zonas rurales aisladas. El abigeato y el robo en parcelas, señaló, son crímenes donde los delincuentes se aprovechan de la falta de conectividad y la compleja geografía de las zonas agrícolas.
Para el diputado, la seguridad es solo la base del rol habilitante del Estado. Neumann fue tajante al señalar la paradoja de una región que se proyecta como potencia turística y agrícola, pero que cuenta con vías en estado crítico, como la Ruta 90 y la Carretera de la Fruta. «El Estado tiene que generar condiciones mínimas», enfatizó, criticando también las deficiencias en telecomunicaciones y los reiterados problemas de suministro eléctrico en la zona costera.
El anhelado nuevo hospital de Pichilemu también fue sujeto de aclaraciones. Frente a la desilusión de algunos sectores de que el nuevo recinto fuera clasificado como de «primer nivel» (baja complejidad), Neumann explicó la diferencia entre la infraestructura y la complejidad médica. Aseguró que el edificio será de primer nivel y tendrá la capacidad física para albergar especialidades mayores en el futuro, indicando que el ministerio evaluará los flujos de pacientes durante los primeros años de rodaje para ver si se amerita elevar su complejidad.
Finalmente, se discutió la crisis de vivienda y los proyectos paralizados. Neumann apuntó a la «permisología» como la principal barrera, indicando que de los 12 años que en promedio demora un comité de vivienda en lograr su casa, casi la mitad se pierde en burocracia y autorizaciones administrativas.
Destacó, asimismo, la reciente aprobación en el congreso de la extensión del FOGAPE para subsidiar las tasas de interés de créditos hipotecarios para viviendas de clase media (hasta 6.000 UF). Esta política, concluyó, permite a las familias adquirir propiedades estancadas pagando dividendos similares a un arriendo, reactivando simultáneamente a la industria de la construcción.
