El abogado de Curicó, Víctor Bahamondez Segura, quien representa a un imputado por violación ocurrida en abril de este año en la ciudad de Pichilemu, se querelló en contra del director de este medio de comunicación, Diego Grez, por el supuesto delito de desacato.
En su presentación, disponible públicamente en el Poder Judicial con RIT 556-2022, Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, Bahamondez señala falsamente que este medio de comunicación no habría cumplido con una orden emanada por el juez de dicho tribunal, Juan Manuel Gatica, para retirar una fotografía que individualizaría al imputado por violación que representa en la causa RIT 416-2022, del mismo tribunal, y que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Cruz.
En un abierto intento de censurar a la prensa, Bahamondez había solicitado al tribunal que este medio de comunicación y otro de Curicó, VLN Radio, retiraran la noticia que da cuenta de los hechos. Sin embargo, el Tribunal dictaminó el 6 de mayo que “acá no existe censura previa para los medios de comunicación” y resolvió pedir a esos medios de comunicación “no en cuanto a que se retire la noticia, sino solamente a que retiren las fotografías de la persona del imputado, toda vez que se entiende que eso puede causar problemas a la familia y la familia no es responsable de lo que pudiese haber cometido el imputado. Ofíciese en esos términos a esos dos medios de comunicación”.
Este medio de comunicación recibió el 9 de mayo el Ordinario N.° 169-G, materia Cautela de Garantía, de la misma fecha, firmado por el juez Juan Manuel Gatica, en que señala textualmente: “En causa […] 416-2022, por resolución de fecha 06/05/2022, se ha dispuesto oficiar a Ud. a objeto procedan a retirar las fotografías de la persona del imputado M. A. G. M. [en el documento aparece mencionado su nombre completo], por la investigación seguida ante este Tribunal por el delito de violación”.
Ese mismo día, el director de El Marino publicó una aclaración en la nota titulada “Detienen a sujeto por violación y amenazas con arma de fuego en unas cabañas de Pichilemu”, publicada el 19 de abril de 2022, en la que expresa la recepción de dicho ordinario, que se transcribe, y aclarando que: “No existiendo en nuestro archivo ninguna nota que identificara a tal persona por su nombre o iniciales, se encontró este artículo referente a una persona detenida por violación a mayor de 14 años y amenazas con arma de fuego, que no fue identificada ni por su nombre ni por iniciales, creyendo el director de este medio de comunicación que se trata de la persona individualizada por el juez como M. A. G. M., y ha procedido al retiro de la fotografía”. De esta forma, se cumplió con lo ordenado por el juez Gatica, quien no señaló expresamente ni el título ni la fecha de la noticia que debía ser modificada para retirar la fotografía.
Pues bien, a juicio del abogado Bahamondez, este medio “ha incumplido lo ordenado” por el tribunal, “en donde ha sacado una publicación con fecha 5 de junio del año en curso”, cosa que es absolutamente falsa ya que la fecha que refiere es aquella que se encuentra en la esquina superior izquierda de este portal de noticias, y que corresponde a la fecha en que el usuario o lector visita este medio de comunicación, sin ser esta la fecha de publicación, la cual se indica debajo del titular.
Bahamondez dice falsamente que “el día 5 de junio del año en curso, el periódico digital El Marino de Pichilemu ha reiterado la noticia que versa sobre la investigación seguida en contra de mi representado […], noticia que le fue enviada a la pareja del imputado, además ser insultada por terceros en la ciudad de Curicó por ocultar la información que ella es cómplice de los hechos que son investigados”. Adjunta unos pantallazos de la noticia en cuestión, los cuales seguramente fueron obtenidos el día 5 de junio de 2022 entre las 13:27 y 13:34 horas, fecha que aparece en las mismas imágenes, y que no corresponde a la fecha de publicación de la noticia.
Acto seguido, el abogado reitera sus acusaciones de supuesto desacato acusando que “el querellado procedió a sacar la imagen, pero hoy en día procedió a individualizar a mi representado con nombre y apellido, vulnerando los derechos del detenido, el principio de inocencia y sobre todo y más grave aún a criterio de esta parte, oponerse a una resolución judicial, desobedeciendo lo dictado por el Tribunal de Garantía de Pichilemu”.
Es del caso señalar que el ordinario enviado por el juez, citado textualmente en la nota de 19 de abril rectificada el 9 de mayo, requiere únicamente a este medio retirar la fotografía. En ningún momento el juez Gatica ordenó eliminar la nota ni prohibió publicar en lo sucesivo sobre el asunto. A ello se suma lo resuelto por el mismo magistrado el 6 de mayo, en que señala que no se acepta el retiro de la información sino que ordena el retiro de la fotografía del imputado. No existe, por tanto, tal oposición a una resolución judicial, ya que se cumplió estrictamente con lo resuelto por el juez.
Agrega Bahamondez que “hacer una aclaración pública” “conlleva a un desacato”, cosa que no tiene sentido, a juicio del director de este medio de comunicación, ya que la aclaración es práctica común al corregir o rectificar una noticia, lo cual adquiere más fuerza en este caso porque se hizo como consecuencia de una resolución judicial.
El abogado del imputado por violación solicitó al juez “el máximo de las penas asignadas al delito [de desacato] más las accesorias legales que correspondan, con costas”, requiriendo al Ministerio Público que investigue el caso, “se despache orden de investigar” a la PDI, se cite al director de este medio a declarar ante la Fiscalía, y “se faculte a la PDI que realice la orden de investigar, la incautación de los computadores, a fin de poder ser inspeccionados”.
El juez Gatica declaró el viernes pasado como admisible la querella, remitiéndola al Ministerio Público.
El director de este medio de comunicación expresa su más enérgica condena al accionar del abogado Bahamondez, quien pretende coartar la libertad de prensa, primero inquiriendo infructuosamente el retiro de una noticia, y en segundo lugar, querellándose en su contra sin fundamento ni sustancia alguna, considerando que se busca amedrentar la labor periodística.
“Aunque la noticia de 19 de abril se refiere a un hecho deleznable, aún en investigación por la justicia, es una más de las notas que publicamos cotidianamente como parte de nuestra labor periodística. Sin embargo, el accionar del defensor del imputado por violación genera mayor interés en el desarrollo del proceso penal en contra del imputado, por lo que estaremos atentos a eso. Se trata del efecto Streisand en plenitud”, señaló el director de El Marino, Diego Grez.
Concluye el periodista que está tranquilo porque no ha quebrantado ninguna norma y porque las acciones emprendidas en su contra por el abogado Bahamondez solo dan cuenta de su calidad moral, señalando que este deberá responder en su debida oportunidad por las calumnias e injurias que ha proferido.
Bahamondez no respondió las solicitudes de comentario realizadas por este medio a su correo electrónico.
¿Quién es Bahamondez?
De acuerdo a los registros del Poder Judicial, se tituló el 27 de mayo de 2011 como abogado por la Universidad Bolivariana, aunque de acuerdo a sus propias palabras, ingresó a estudiar dicha carrera once años antes, en 2000. Señala que fue procurador y actuario. Cuenta con un estudio en la ciudad de Curicó.
Bahamondez, además, es político y se ha presentado en tres ocasiones como candidato, sin éxito en ninguna de ellas. En 2016 fue candidato a alcalde de Molina, donde recibió 119 de 18.813 votos (0.63%). Solo habían cinco postulantes, incluyéndolo. Al año siguiente volvió a la carga como candidato a consejero regional de Maule por la provincia de Curicó, obteniendo 1.164 de 101.560 votos (1.15%). Por último, el 2021 se presentó como candidato a concejal de Curicó, en representación del Partido por la Democracia, recibiendo 204 preferencias de 44.777 (0.46%).
El defendido por Bahamondez
Como se dijo antes, el imputado por violación que defiende Bahamondez habría cometido tal cosa en abril pasado. Sin embargo, esta persona tiene otros antecedentes delictuales como robo por sorpresa, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
En la edición del periódico El Centro de Talca del 18 de mayo de 2014 el imputado es mencionado con su nombre completo. De acuerdo al medio de comunicación talquino, “conseguía créditos en instituciones bancarias presentando documentos falsificados, entre ellos, títulos universitarios”. Tras una de sus actuaciones en el Banco Itaú de Curicó, fue denunciado y la SIP comprobó la falsedad de sus documentos. Así las cosas, su domicilio y el de su “secretaria” fueron allanados, encontrándose timbres, títulos universitarios y permisos de circulación falsos.
El defendido por Bahamondez quedó en esa ocasión con arresto domiciliario y arraigo nacional por tres meses.
