Tras el revelador informe de la Contraloría General de la República (CGR) que situó a Pichilemu como la única comuna de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en superar el promedio nacional de gastos en «celebraciones no justificadas normativamente», la actual administración municipal salió al paso de los cuestionamientos. A través de una publicación en redes sociales, el municipio se desmarcó de los millonarios desembolsos y responsabilizó directamente a la gestión de su antecesor.
Bajo el título «Pichilemu avanza con responsabilidad en el uso de los recursos públicos», la casa edilicia aseguró en sus redes sociales que los datos difundidos por el ente fiscalizador no corresponden al mandato del actual alcalde Roberto Córdova Carreño, sino al último año del exalcalde Cristian Pozo Parraguez.
«Informamos a la comunidad que la mención a Pichilemu corresponde al año 2024, periodo que no pertenece a la actual administración municipal», señaló la municipalidad en su declaración.
Asimismo, el municipio destacó que durante el año 2025 la comuna no figuró en la nómina de Contraloría, argumentando que esto es el reflejo de «una gestión enfocada en el orden financiero, el control del gasto y la correcta priorización de los recursos municipales», y reafirmando su compromiso con una administración transparente.
¿Qué significa no aparecer en 2025? Si bien la defensa municipal se ampara en que el abultado gasto de $61 millones posicionó a Pichilemu en la lupa de la CGR específicamente en el listado del año 2024, la realidad administrativa detrás del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 tiene un matiz técnico importante respecto al año en curso.
Ante las consultas de diversas autoridades edilicias a nivel nacional, la Contraloría publicó el listado íntegro de los más de 100 municipios que superaron el umbral de gastos durante el periodo 2024-2025.
En efecto, Pichilemu no aparece en la nómina de 2025. Sin embargo, en términos contables y de fiscalización, esto no significa que la actual administración no haya incurrido en gastos por concepto de celebraciones no justificadas. Su ausencia en el reporte de este año indica únicamente que, de haber existido estos desembolsos, la cifra total se mantuvo por debajo del promedio nacional, evitando así levantar las alarmas que sí se encendieron con los $61 millones gastados en 2024.
La Contraloría ha reiterado que su fiscalización no ataca las fiestas tradicionales ni aquellas que fomentan el turismo (como Fiestas Patrias), sino que apunta estrictamente a eventos que carecen de sustento cultural normativo, recordando que el gasto municipal debe ser «un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo».
