Desde 2014, se ha ido implementando un sistema centralizado de recolección de datos, que comenzó con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y ahora busca integrar a los municipios, quizás la pieza más complicada.
Pero, ¿qué implica la Ley del Lobby?
La Ley de Lobby obliga a los funcionarios públicos —“sujetos pasivos”— a llevar un registro de las audiencias que realicen, tanto a instituciones como a personas naturales, así como un detalle de los donativos —regalos— que reciban, y de los viajes que realicen.
De igual forma, se creó un registro de lobistas —personas que buscan influir en las decisiones de altos funcionarios públicos—, de manera que se transparente a la ciudadanía quienes se dedican a esta actividad, así como qué funcionarios los han recibido.
Al mismo tiempo se permite la identificación de “gestores de intereses particulares”, personas que solicitan reunirse con una autoridad para presentarle sus intereses o puntos de vista sobre un tema.
Así las cosas, desde mañana todos los municipios deberán tener en su sitio web un banner con el formulario de solicitud de audiencias, que deberá ser llenado por aquellos interesados en sostener una reunión con una autoridad, bajo la Ley del Lobby.
Esto incluye a los alcaldes, concejales, directores de obras, y secretarios municipales.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, sólo las Municipalidades de Litueche y Marchigüe cuentan con sus sujetos pasivos (los mencionados funcionarios) publicados en el sitio web leylobby.gob.cl; aunque de forma incompleta aún.
La Gobernación de Cardenal Caro, que se encuentra inserta desde el 28 de abril, no registra audiencias entre lobistas y la Gobernadora Teresa Núñez.
Es preciso notar, sin embargo, que la Ley del Lobby no aplica a vecinos que “tengan una necesidad personal”, como solicitar una mediagua o ayuda pecuniaria para un medicamento. Sólo deberán registrarse las personas u organizaciones que busquen influir en la “celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento” o el “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por la autoridad”.
