El 1 de marzo de 2016 entra en plena vigencia la Ley de Inclusión Escolar. Esta Ley, que fue tan debatida en su tramitación legislativa, ya es una realidad y los establecimientos públicos y particulares subvencionados se están aprontando para su implementación.
Frente a ello, es preciso señalar dos aspectos importantísimos que trae consigo esta Ley: En primer lugar, a partir del 1 de marzo de 2016 todos los establecimientos educacionales, tanto municipales como particulares subvencionados, comenzarán a recibir más recursos por concepto de Subvenciones, incrementando sus ingresos de manera considerable, la SEP se reajustará en un 20% y se crea la SEP ampliada, subvención que beneficiará a todos aquellos alumnos que no son prioritarios y que pertenecen al tercer y cuarto quintil de ingresos. Estos alumnos recibirán el 50% del valor SEP que se paga por alumno prioritario. En segundo lugar, el sistema se comenzará a regular en función del mejoramiento de la calidad de la educación, debido a que TODOS los recursos que se reciban del Estado, deberán ser destinados a fines educacionales, es decir, se orientarán a las niñas, niños y jóvenes y a sus procesos educativos.
Recibirán estos recursos adicionales todos los establecimientos particulares subvencionados que sean gratuitos y tengan Convenio SEP (Subvención Escolar Preferencial), al 31 de agosto de 2015. Por otro lado, si además se transforman en Instituciones Jurídicas Sin Fines de Lucro, podrán recibir un nuevo aporte, denominado aporte por gratuidad, que corresponde a un 0.25 USE, es decir, $ 5.500 por alumno matriculado aproximadamente. Este aporte crecerá en tres años hasta llegar a 0.45 USE, equivalente a cerca de $ 10.000 por alumno matriculado. A todo lo anterior, se suma el aumento que experimenta todos los años la subvención regular.
Para el caso de la Educación Pública, la buena noticia es que estos establecimientos administrados por los municipios, dado que son gratuitos y no tienen fines de lucro, recibirán la totalidad de los incrementos señalados en el párrafo anterior, por el sólo ministerio de la Ley, a partir del 1 de marzo de 2016.
La Ley de Inclusión es una buena noticia para los sostenedores particulares subvencionados y mejor aún para la educación pública, porque además de incrementar significativamente los recursos vía subvención, termina con prácticas discriminatorias y con el lucro en la educación.
Nuestro país y nuestros niños, niñas y jóvenes, merecen una mejor educación, inclusiva y de calidad, como la única forma de terminar con la desigualdad y falta de oportunidades que afecta a gran parte de nuestra sociedad.
Alyson Hadad Reyes
SEREMI de Educación
Región de O’Higgins
