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Gobernadora responde consultas de concejal Mario Morales sobre instalación de cuartel PDI y seguridad pública en Pichilemu

El concejal Mario Morales y la Gobernadora Teresa Núñez.
El concejal Mario Morales y la Gobernadora  Teresa Núñez.
El concejal Mario Morales y la Gobernadora Teresa Núñez.
El 12 de mayo, el concejal de Pichilemu Mario Morales Cárceles dirigió una carta a la Gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez Cornejo, con el fin de consultarle y comentarle sobre temas que considera sensibles e importantes que afectan a la comuna.

El edil consultó «en qué etapa se encuentra la instalación del Cuartel o Unidad de la PDI en nuestra Comuna», ya que había mencionado Núñez anteriormente que en marzo se realizaría dicha instalación, sin resultados; además, inquirió a la Gobernadora sobre si «ha existido algún avance de esta gestión por parte de la autoridad mencionada [Subsecretario de Prevención del Delito Antonio Frey] respecto de nuestra comuna», ya que éste se «comprometió [en el verano pasado] a tomar medidas para mejorar la seguridad en nuestra comuna, en especial durante el verano».

Además, Morales señaló a la autoridad provincial que «este Concejo Municipal en pleno tomo en acuerdo solicitar reunión con autoridades respectivas del nivel central para manifestarle personalmente nuestras inquietudes respecto del tema y se encuentra a la espera de formalizar una reunión».

Quince días después, Núñez respondió la carta del concejal, señalando, respecto al cuartel de Policía de Investigaciones, que «la Gobernación […] ha realizado reuniones con los altos mandos de la PDI e Intendencia a partir del 2014». «En ese sentido», agrega, «se proyecta la implementación de dos etapas: la primera a través de un fondo concursarle [sic] para arrendar un inmueble que albergue a la PDI durante un período y en su defecto el apoyo del Municipio para el pago de arriendo y gastos básicos». «Paralelamente», continúa Núñez, «[a que] se le destine un terreno fiscal por Bienes Nacionales y se presente un proyecto ante el Gobierno Regional, intenciones que ya se manifestaron a ambos órganos».

La Gobernadora señala que esta gestión es una iniciativa «de largo aliento», estando sujeto además a «las bases y llamado a concurso del 2% FNDR (Fondo de Desarrollo Regional), vistos buenos del alto mando de la PDI, como también eventualmente a la posibilidad de solicitarle al Municipio diversos apoyos respecto a fondos destinados a consumos básicos del cuartel durante un período de 1 o 2 años, y los apoyos del Gobierno regional cuando corresponda para un un [sic] financiamiento mayor».

En relación a lo consultado por el edil Morales sobre las acciones que tomará la Subsecretaría de Prevención del Delito, la gobernadora socialista dijo que «se encuentra en un proceso preliminar en cuanto a realizar las acciones tendientes a implementar una vez aprobada la ley, los ‘consejos comunales y planes de seguridad pública[‘], iniciativa que busca darle un papel activo al Municipio y a los organismos locales para la seguridad local, etapa preliminar para la adopción de alguna medida particular».

Los municipios «se encargarán de elaborar, aprobar y ejecutar el plan comunal de seguridad pública», constituyéndose en cada entidad edilicia un consejo comunal de seguridad pública como «órgano consultivo encargado de recibir, ordenar y analizar los antecedentes, estadísticas y toda clase de información relativa a la seguridad pública comunal, con el objeto, principalmente, de colaborar con el Alcalde en la elaboración del plan comunal de seguridad pública». Dicho consejo sería presidido por el alcalde e integrado por el Gobernador o su representante, dos concejales elegidos por el Concejo local, un representante de Carabineros y otro de Investigaciones, y el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local (en caso de que no haya, el fiscal o abogado o asistente de fiscal que designe el Fiscal Regional), indicó la Gobernadora.

«Ésta autoridad oficiará a Carabineros, PDI, Capitanía de Puerto, Gendarmería, la reiteración de las necesidades de la comuna con miras a solicitar un aumento en la dotación de personal, junto con otras medidas a adoptar en las mesas mensuales de seguridad pública», concluye Núñez.

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