En Tribunal de Santa Cruz se inició juicio del caso Paraguayos

juicio paraguayosDurante la jornada de ayer, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz –en jornada completa- inició el juicio por los delitos de tráfico de inmigrantes adultos y menores; y trata de personas adultos y menores, para fines de trabajos forzoso, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas, contra María Paz Guerra Fuenzalida y Blas Andrés Cardozo Bogado (ciudadano paraguayo), ex gerente de Recursos Humanos y empleado, respectivamente, en una de las empresas del Grupo Errázuriz, propiedad de Francisco Javier Errázuriz, quien fue sobreseído temporalmente, en febrero de 2013, por enajenación mental.

El juicio está siendo efectuado por la sala titular del tribunal, compuesta por los magistrados María Angélica Mulatti Oyarzo, presidenta de sala; Rodrigo Gómez Marambio y Felipe Cortés Ibacache. Además, por las características y circunstancias particulares del juicio, se ha utilizado la figura legal de convocar un cuarto juez, la magistrada Marcela Yáñez Cabello, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, quien conocerá del desarrollo del juicio.

En la apertura del juicio, que se desarrollará durante un mes, la presidenta de la sala leyó la acusación que señala a los imputados como autores de los ilícitos mencionados, al traer a Chile a 168 personas de nacionalidad paraguaya, para realizar trabajos agrícolas en Pichilemu y Marchigüe, en propiedades del Grupo Errázuriz.

En la instancia, los jueces escucharon de parte del Ministerio Público, que el 19 de mayo del año 2011 se tomó conocimiento que ciudadanos paraguayos se encontraban en precarias condiciones al interior de unos predios agrícolas en la provincia de Cardenal Caro. Según la investigación, las víctimas habrían sido trasladadas desde Ciudad del Este, Caaguazú y Ciudad Franco, en Paraguay.

La Fiscalía solicitó para los acusados María Paz Guerra Fuenzalida y Blas Andrés Cardozo Bogado, dos penas: una de cinco años y un día más una de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más multa de 80 UTM, las accesorias legales y costas por los dos delitos que son acusados.

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