El diputado por el Distrito 16, Ricardo Neumann, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados una serie de antecedentes que, a su juicio, podrían dar cuenta de eventuales faltas de gestión, control y probidad en el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de O’Higgins. La comisión acordó, por unanimidad, remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que investigue los hechos denunciados.
Según informó el parlamentario mediante un comunicado, la solicitud apunta a que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre posibles deficiencias en los mecanismos de control interno, aumentos unilaterales de remuneraciones, eventuales irregularidades en licitaciones, concursos y contrataciones, recursos sin ejecutar, además de problemas de infraestructura y de trato que afectarían a estudiantes y funcionarios de la institución.
Neumann sostuvo que el oficio presentado «no formula condenas ni adelanta conclusiones», sino que busca que «los organismos competentes investiguen una serie de hechos que podrían comprometer gravemente la legalidad, la probidad y el correcto uso de recursos públicos al interior del CFT Estatal de nuestra región».
Asimismo, afirmó que el rector de la institución «debe dar las explicaciones pertinentes a la ciudadanía y colaborar activamente con los organismos de control», agregando que el objetivo de la fiscalización no es perjudicar al establecimiento, sino contribuir a fortalecer una institución que actualmente atiende a más de 1.800 estudiantes en sus sedes de San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando y Pichilemu.
Rector descarta las acusaciones
Tras conocerse la denuncia, el rector del CFT Estatal de O’Higgins, Adrián Pereira Santana, rechazó las afirmaciones del parlamentario y aseguró que la institución ya recibió un requerimiento de información por parte de la Contraloría.
Pereira sostuvo que «lo que ha señalado el diputado Neumann no es del todo correcto» y afirmó que el legislador «no cuenta con toda la información». En esa línea, señaló que las acusaciones se basan en antecedentes incompletos y que fueron entregados «con la clara intención de causar daño al CFT».
Respecto de una de las observaciones relacionadas con un supuesto incremento de su remuneración, el rector explicó que dicha modificación se produjo en abril de 2025, antes de que asumiera el cargo.
Además, aseguró que varias de las situaciones cuestionadas ya habían sido informadas por la propia institución a la Contraloría con anterioridad a la denuncia del diputado.
Finalmente, Pereira manifestó que enfrenta el proceso «con tranquilidad» y reiteró su invitación a los parlamentarios de la región a conocer el funcionamiento del CFT. «Es muy importante que las autoridades se acerquen, conozcan y podamos fortalecer la educación pública en el territorio, en vez de dañarla con estos comentarios», concluyó.
