Por 102 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea dos nuevas Universidades Estatales para las regiones del Libertador General Bernardo O`Higgins y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
“Un hito importante, pero sólo el primero para avanzar hacia la reforma profunda a la educación superior que requiere Chile”, afirmó Sergio Espejo, quien representa en el parlamento al distrito de Santa Cruz y Pichilemu.
El objetivo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo es constituir una red colaborativa en el ámbito de la educación superior, en un proceso que ha sido consultado con distintos actores relevantes en materia educacional en el país y a nivel regional. Ambas universidades, según el espíritu de la iniciativa, deberán constituirse en “instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional».
Al respecto, el Diputado Espejo planteó su inquietud por la forma en que la nueva institucionalidad se insertará al debate de la reforma educacional en el país. “Este proyecto constituye sólo el punto de partida para un esfuerzo mayor. Para que estas universidades contribuyan del modo que se espera al desarrollo de nuestras regiones y del conjunto de la educación superior en Chile será necesario responder diversas interrogantes respecto de la educación escolar que reciben nuestros niños, la situación del empleo en ambas regiones, el perfil de profesionales y técnicos que se necesitan, entre otras”. Además, Espejo puso de relieve que es fundamental “que la nueva universidad regional cuente con los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para su óptimo funcionamiento y, especialmente, para formar a los mejores profesionales que contribuyan al desarrollo de la región y su gente y del país en su conjunto”.
Se estima que la implementación de la nueva institucionalidad representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una.
