Los demandados son, según el documento al que tuvimos acceso, Carlos Hugo Bozo López, empresario, Andrés Vargas Acevedo, pescador, Juan Pavez Cabello, comerciante, Edith González Muñoz, alguera y manipuladora de alimentos, María Vargas González, comerciante; todos socios del Sindicato de Trabajadores Independientes y Pescadores Artesanales de Pichilemu, que también está demandado. También fueron demandados por Mella Calderón los miembros del comité administrativo del sindicato mencionado: Cecilia del Pilar Morales Arce, Luisa Pérez Muñoz, Lidia Vargas González, Mónica González Brito, todas comerciantes, y Ramón Cornejo Muñoz, pescador.
En el documento, Mella, pescadora-recolectora, comerciante, y miembro del Sindicato desde hace más de una década, señala siempre haber sido “respetuosa en los procedimientos y directrices de la institución, habiendo llegado a ser parte de la directiva en algún período, realizando actos de vital importancia en pro de la transparencia y probidad. Inclusive tiene un galvano de premio otorgado por el Sindicato por su excelente gestión”. Sin embargo, considera que se ha vulnerado la libre competencia, por situaciones que procede a detallar.
Mella señala que acuerdos tomados por los demandados en sus respectivos roles dentro del sindicato, no se han hecho conforme a las normas de la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia. “Desde los día (sic) 17 al 21 de septiembre del presente año, se ejecutó un acuerdo ilícito y escrito tomado por los anteriores, donde proceden a colocar en la caleta sobre el local de mi persona, un cartel de aproximadamente 50 centímetros de ancho por cuatro metros de largo, en forma de pendón, y a vista de todo el público en aquella importante, primera fecha estival de la ciudad de Pichilemu, esto es fiestas patrias, con la siguiente consigna: ‘El sindicato de pescadores de Pichilemu no se responsabiliza por el consumo de los mariscales en el local N° 5 ya que estos no se elaboran en nuestra sala de proceso'”, señala el texto.
Agrega que dicha conducta produjo un “grave daño” hacia su persona, “afectando una competencia libre, leal y honesta, pues mi persona posee el mencionado local número cinco en la caleta de pescadores, y en el mes de septiembre no se me vendió mariscales y ceviches por la sala de proceso del mencionado sindicato —siendo socia y vendiéndole estos productos a todos los demás menos a mí—, por lo cual tuve que vender por necesidad, mariscales y ceviches de mi giro personal en ese fin de semana largo”. “Sin ese tradicional producto, mi emprendimiento no daba abasto con la competencia de otros locales, pues la gente y los clientes enganchan con ese tipo de productos, y en este sentido, ese es el producto estrella que ocasiona la entrada de otros productos del mar, todo ello mientras los consume en el local, pues así compran el pescado, el marisco, algas y otros para la ocasión”, argumenta Mella.
En ese mismo sentido, explica que comenzó a vender de sus propios mariscales y ceviches desde el fin de semana anterior a fiestas patrias, “y ante el éxito y mejor precio, ellos procedieron a ejecutar su acuerdo”, con el que procedieron a “atacarme con el desprestigio a mis productos”, que también vende en un quiosco en avenida Costanera. “Por lo anterior, he perdido en extenso, tanto mercadería, productos, gastos en trabajadores, descomposiciones, etc.”, indica.
Según la apreciación de Mella, los perjuicios son “graves”, y expone al Tribunal de la Libre Competencia documentos de respaldo en los que supuestamente se comprobaría la pérdida de 30 millones de pesos, desglosados en diez millones en mercadería, cinco de ganancias de ese fin de semana, cinco millones por baja de ventas hasta la fecha, y veinte millones en daño moral, ya que “mi local goza de mucho prestigio y credibilidad”, pero con el daño provocado “me ha causado un gran daño sicológico al ser el sustento de mi familia y darle la educación a mis hijos”. Enumera, también, sus apariciones en televisión, entre las que se cuentan los programas Recomiendo Chile de Canal 13 Cable, Buenos días a todos de Televisión Nacional, Caiga quien caiga de Mega, y recientemente en Adopta un famoso, también de Televisión Nacional.
Acusa también que los productos del Sindicato, “que me obligaban a vender”, no cumplen con la normativa de Sanidad; y que, ahora, no le entregan esos productos con el fin de “hundirme” y “aprovechar su posición dominante de monopolio en esos productos en la caleta”, ya que según Mella la intención es “netamente sacarme de la competencia y hundirme al no tener productos de enganche”. Aduce también que “al no acatar su órden (de no vender los productos que solían entregarle, y que ahora genera por su cuenta) me desprestigian de manera falaz y desleal”.
Por otro lado, indica que para la producción de mariscales y ceviches sólo adquieren los productos base al miembro del comité administrativo Carlos Bozo López, “a precio más caro que al que tienen otros socios del sindicato”, prohibiéndose la compra a estos, cuestión que Mella califica como “inconveniente e ilegal pues afecta la libre competencia”. “Es ilícito (lo que hace Bozo) desd eel punto de vista del plan de gestión elaborado por Sernapesca y la Marina, pues este documento prohíbe que los administradores —como lo es el señor Bozo— venda productos al sindicato – negocio incompatible”, señala.
Finalmente, la pescadora-recolectora reclama que, a pesar de que hay otro juicio a cargo del mismo tribunal del año 2013, “obligan bajo sanción de insultos, escándalos y expulsión” al que no respete los precios de venta de pescados, mariscos, ceviches y mariscales. “Soy la única no expulsada a la fecha, sin perjuicio de las amenazas de ello”, indica Mella, concluyendo que “esta práctica es totalmente desleal y anticompetitiva”, y además repetitiva.
Por todo esto, Mella solicita, por intermedio de su abogado, “el tribunal adopte las medidas cautelares que digan relación con la suspensión de la medida tomada por el sindicato para las futuras fechas estivales, de exponer publicidad difamatoria y comparativa engañosa, asimismo dentro de las medidas cautelares se suspenda a la actual directiva y al comité administrativo”.
