Los formalizados son Julio Díaz Espinoza y Víctor López Lorca, por el delito de apropiación indebida, y Celia Espinoza Manríquez, por el delito de receptación de dinero. La pena que arriesgan Díaz y López es de un año y medio a cinco años de presidio, más multas que llegan hasta las 21 mil UTM, mientras que en el caso de Espinoza, arriesga de 61 días a cinco años de presidio, más una multa que podría llegar a las 100 UTM.
La defensa solicitaba el sobreseimiento definitivo de los inculpados, a lo que el Juez Rodolfo Moreno Osses no dió a lugar. El magistrado, además, dictó medidas cautelares contra Díaz, López y Espinoza: firma mensual desde el sábado en la Comisaría de Pichilemu, y arraigo nacional. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 120 días, y la fecha de una próxima audiencia, a realizarse el 9 de diciembre, aunque posiblemente se llegue a un acuerdo reparatorio antes.
El fiscal de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, señaló que “en todo delito económico es posible los acuerdos reparatorios entre ambas partes; aquí está en juego el patrimonio municipal y se analiza que se llegue a dicha salida, es alta beneficiosa para la defensa y los intereses municipales”. El fiscal señaló que es muy probable que se produzcan formalizaciones a los funcionarios municipales involucrados: “Nosotros hemos evidenciado y hay antecedentes de la comisión de delitos por parte de los funcionarios, en particular la llamada malversación culposa, que sanciona al funcionario que por negligencia inexcusable permitiera o consintiera que se sustraigan dineros públicos, y ese caso aparece claramente en esta hipótesis para algunos de los funcionarios que tienen a su cargo el resguardo del patrimonio municipal”.
El abogado de la Municipalidad de Pichilemu, Fabricio Jiménez Mardones, dijo estar “muy contento de la audiencia porque no se dio lugar al sobreseimiento pedido por la defensa, creemos que aun hay hechos que se deben aclarar, la posibilidad de la existencia de otros delitos por los imputados, por lo que la discusión de hoy debe acogerse en la sentencia”. Agregó que “nos interesa que los recursos fiscales sean devueltos a la municipalidad; si no hay devolucion total nos opondremos a un acuerdo entre el fiscal y los acusados”. Respecto a la labor realizada por la fiscalía, comentó que se “ha hecho un trabajo excelente, tenemos plena confianza”.
Jiménez fue tajante al señalar que “el municipio no le debe un peso a la sociedad, y muy por el contrario, deben restituirle los dineros pagados en exceso”. “Nosotros lo que estamos persiguiendo es fundamentalmente la devolución de los dineros, y si eso ocurre con un acuerdo reparatorio, o alguna fórmula que se establezca, la totalidad del dinero pagado en exceso, debería consultar con el Consejo Municipal y de esa manera poder aprobarlo”, finalizó.
Por su parte, el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Lara, comentó que “cada vez que existe un delito que pueda afectar el patrimonio fiscal o que involucre funcionarios públicos, el Consejo de Defensa tiene competencias para intervenir mediante querella”. Respecto a una posible salida alternativa que beneficie a los formalizados, Lara señaló que “nuestro mandato legal es defender la hacienda pública, y entendemos que cualquier salida -que no depende de nosotros- pasa por una indemnización absoluta y total del perjuicio causado, que es 42 y fracción millones de pesos”.
Respecto a los eventuales cargos que se le imputen a algunos funcionarios municipales, el abogado comentó que “evidentemente la malversación culposa también es un delito de corte patrimonial, también caben a eventuales acciones legales, es una cuestión que todavía está por verse”. “Para nosotros la cosa está clara, la órden de pago decía 4 millones y fracción de pesos, y el cheque fue girado por diez veces mayor el valor, se deben restituir los dineros mal pagados”, concluyó.
