- Sumario administrativo arrojó las responsabilidades en el hecho y es primera vez que se ejecuta una suspensión de tres jefes de departamento.
Tras la polémica en la que se vieron comprometidos cuatro funcionarios del municipio de Pichilemu, los que firmaron un cheque por más de 40 millones de pesos, siendo que solo debían pagar 4 millones a una empresa local; finalizó una de las causas emprendidas, se trata del Sumario Administrativo, el que terminó y arrojó sanciones para los responsables, de los cuales tres de ellos son Jefes de Departamento, quienes fueron suspendidos de sus funciones a partir de esta semana que culmina. El Administrador Municipal y quien reemplaza al alcalde cuando este no está, Dante Cornejo, por un mes; el jefe de la Unidad de Control, Jaime García y la jefa de Finanzas, Gema Reyes, ambos por dos meses. Los funcionarios podrán gozar de sus remuneraciones en un 60% y tendrán una anotación en su hoja de vida de 6 puntos, para efecto de sus calificaciones y finalmente la funcionaria administrativa que generó el error en la emisión del cheque, Karina Cáceres se le castigó en un 15% de su sueldo y una anotación en la hoja de vida de 3 puntos.
El alcalde Roberto Córdova, dijo que no ha sido fácil el proceso y que “para mí ha sido súper doloroso y complicado, porque los funcionarios son con los que yo trabajo todos los días y nunca es fácil aplicar sanciones más allá de las responsabilidades que tuvieron, porque significa sancionar a tus pares que colaboran contigo y eso crea inconvenientes dentro de nuestro sistema, en la armonía que se requiere para trabajar en equipo, fue una decisión difícil con el dolor de mi corazón lo digo honestamente, pero debíamos aplicarla”.
El edil comentó que los 40 millones que se perdieron -la empresa los cobró- y que no saben si los lograrán recuperar, Córdova califica el acto de apropiación como una estafa, en cambio la resolución de la investigación indica que “aquí no hubo dolo por parte de los funcionarios, pero sí, nos debemos a la fe pública; hubo un error que es gravísimo, pero no hubo una mala fe de los funcionarios”. En relación a la responsabilidad del alcalde en el hecho explicó que él no participó en la firma de los documentos, sin embargo, “me siento responsable por que soy el jefe del servicio, soy el alcalde y debo velar por todo lo que pasa en el municipio, por lo que haga o no haga. Este tema nos afecta a todos, pero tomamos las medidas administrativas porque es lo que establece la ley”.
Por otro lado, sigue la investigación por parte de la Fiscalía local para configurar delito en contra de la empresa y sus eventuales responsabilidades y sanciones, mientras que en una declaración pública de los involucrados dicen que no existe delito y que el municipio les adeuda dineros.
Aquí el texto completo:
Declaración Pública
Nosotros, Víctor López Lorca y Julio Díaz Espinoza queremos declarar a la comunidad de Pichilemu, lo siguiente: “El día 20 de mayo se llevó cabo una audiencia en el Juzgado de letras y Garantía de Pichilemu, que tenía por objeto que se formalizara la investigación por un supuesto Hurto en el bullado Caso Cheque que lleva en nuestra contra la Fiscalía de Pichilemu. En esa oportunidad el Fiscal Troncoso no fue capaz de fundar una formalización en nuestra contra, aduciendo que no contaba con antecedentes suficientes, pese a que pocos días antes había señalado que lo haría y que contaba con los antecedentes para ello como lo señaló en los variados medios de comunicación (audio radio Somos Pichilemu Fecha 16 de mayo del 2014). Recordar que la investigación ya tiene más de 2 meses en curso.
La razón de la no formalización es que no existe tal delito. La Ilustre Municipalidad de Pichilemu ha interpuesto en nuestra contra una demanda civil que en dicho expediente, Rol C-42-2014 puede verse con claridad que la Ilustre Municipalidad le adeuda dineros a nuestra sociedad y ellos será materia de discusión en ese tribunal.
Lo importante es que lo pagado a nuestra sociedad es un conjunto de obras viales que se han efectuado en la comuna. No existe por tanto, ningún delito.
Además llama la atención que actualmente se pague $4.000.000 (según actas municipales) a un abogado que en la audiencia señalada tampoco fue capaz de sostener ninguna de las imputaciones efectuadas.
Finalmente, esperamos que este asunto se aclare en los Juzgados Civiles, únicos tribunales competentes llamados a resolver esta controversia. Atendido que existe un juicio pendiente, estamos dispuestos a resolver cualquier duda o consulta de la comunidad.
No compartimos los prejuicios realizados por quienes en su desconocimiento emiten comentarios sin fundamentos que dañan una irreprochable conducta.
Agradecemos a todos quienes nos han manifestado su apoyo por distintos medios, en especial a nuestras familias y seres queridos.
“La gente le tira piedras a los árboles que producen fruto”
Sociedad Urbana Constructores
Víctor Manuel, Julio Alonso
Pichilemu 2014
