Una carta denunciando datos falsos en la adjudicación de una concesión de radiodifusión sonora en la comuna de Pichilemu y otras irregularidades, presentaron ayer tres radiodifusores de la VI Región al Subsecretario de Telecomunicaciones.
Copia de la carta que está firmada por Radio “Rancagua” de esa ciudad, Radio “Entre Olas” de Pichilemu y “Exodo” de Santa Cruz -ingresada en la Oficina de Partes con el N° 20.251, en el Ministerio respectivo- fue enviada a los dos senadores -Chadwick y Letelier- y a los diputados -Barros y Latorre- del Distrito 35 con la idea de que fiscalicen y hagan algo al respecto de esta verdadera burla y artimaña del concesionario que coludido con otros se presta para lograr que un individuo que está procesado y condenado obtenga -a través de terceras personas- una concesión que según la ley le está vedada, precisamente, por no reunir los requisitos estipulados para obtener ese tipo de concesiones.
Cabe señalar que, pese a que la concesión le fue otorgada a la sociedad Empresa Nacional de Transmisiones y Duplexiones Limitada, con domicilio en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, el Estudio Principal está ubicado en Pichilemu. No tiene nada de raro que el Estudio Principal esté en Pichilemu, pues la frecuencia es para la comuna de Pichilemu. Lo raro e irregular es que la ubicación del estudio principal es, casualmente, el domicilio particular de un individuo que anteriormente intentó una concesión y le fue negada finalmente por estar impedido por la Justicia para obtenerla.
En la carta se denuncia la existencia de datos falsos, al publicarse -en principio en un diario de circulación regional- que el estudio principal estará ubicado en la Calle San Bernardino, arteria que no existe en Pichilemu.
Posteriormente, en la publicación del decreto de la resolución de la Concesión, en el Diario Oficial -del 28 de Diciembre de 2006- se indica como ubicación del estudio principal en la calle Bernardino Iturriaga, con una numeración inexistente, mayor a la cantidad de cuadras de la mencionada calle.
Y por otra parte, se certifica que cumplido el plazo legal para estar funcionando en la frecuencia establecida, cinco días después de ello no aparece la señal irradiada, lo que solo esa causal es mérito de caducidad de la concesión.
Otra de las denuncias que se realizan, es que además de una persona que está impedida de tener un medio de comunicación, es un pariente cercano que trabaja en una repartición directa del Gobierno Regional, lo que aparentemente constituiría un hecho incompatible, y que sería de una manera u otra socia o copropietaria de elementos de la radioemisora que se pretende hacer funcionar, torciéndole la mano a la ley.
IRREGULARIDADES
Esta situación denunciada es solo una de muchas otras que se producen con cierta regularidad en el ámbito de las comunicaciones.
En efecto, hay concesiones de radiodifusión que “funcionan” cuando los fiscalizadores del Ministerio anuncian que irán a constatar determinada función. Y tras ella desmontan antenas y estas quedan sin funcionar. Algunas de ellas por años están sin emitir señal, pese a que la ley es clara en las sanciones; pero lisa y llanamente no se cumple y es burlada una y otra vez.
Ojala que con la denuncia de tan ágiles parlamentarios, que han dado toda clase de garantías en su actuar parlamentario, se preocupen de averiguar cómo están funcionando las cosas y -con su eficiente acción- pongan rápido remedio a ellas.
Y ojala que los santos escuchen, no se hagan los sordos o miren para el lado.
