PICHILEMU: COMUNA SIN DIOS NI LEY

PICHILEMU: COMUNA SIN DIOS NI LEY

Si bien la comuna de Pichilemu tiene similitud a todas las restantes –donde se profesan diferentes credos y se rige por la Constitución Política del Estado y todas sus leyes- en algunos aspectos el apelativo de ser una “ciudad sin Dios ni ley” –por muy duro que parezca- le calza muy bien para graficar algunas situaciones irregulares que pasan y que, ante la nula voluntad de resolverlas, pasan a ser de irregulares una situación común, donde la inacción de las autoridades permite que sigan ocurriendo y eternizándose en el inconsiente colectivo. De tal suerte que lo irregular, para algunos, pasa a ser una hazaña, un logro y la honestidad de quienes las cometen lejos de mancharlos les permite ampliar su patrimonio particular en desmedro de la comunidad.
Es el caso, de bienes fiscales, bienes nacionales de uso público (calles, avenidas, plazas, áreas verdes, zonas de equipamiento comunitario) y bienes municipales, que durante años han IDO PASANDO A MANOS DE PARTICULARES sin que se manche su inmaculada honestidad, al tiempo que con la complicidad de servicios públicos y sus funcionarios, amén de susterfugios y “arreglines” estos BIENES –en este caso TERRENOS- pasan de la noche a la mañana a manos de ciudadanos con especiales características.
Por años este tipo de situaciones era un secreto a voces; pero nadie tenía la hombría de ponerlas en el tapete, pese a que –en algunos casos- algunos asumían roles que les daban la facultad expresa para fiscalizar ese tipo de irregularidades, entre otras. Me refiero a los concejales y al Alcalde. Así lo dice la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que fija las diferentes responsabilidades en su rol de concejal y alcalde, respectivamente.
Los primeros tienen –entre otras funciones- que fiscalizar la gestión del Alcalde y de cada una de las acciones en el ámbito del quehacer municipal. En tanto, el alcalde, administrar y cautelar los bienes nacionales de uso público y municipales. Es decir, defender la condición de tales.
No se crea que estas situaciones vienen solamente con el advenimiento de la democracia. ¡¡No!!, hay algunos casos que vienen de antes de 1973, y durante el gobierno militar –en la última gestión alcaldicia- la Municipalidad perdió el terreno de 40 x 40 metros que pertenece hoy a la Sucesión de don Pedro Yévenes. Este Sr. lo compró por poco más de SETECIENTOS MIL PESOS a una institución ligada a funcionarios jubilados de las Fuerzas Armadas, a los cuales NO LES COSTÓ NINGÚN PESO, gracias al papeleo que se realizó para darle un caríz legal. ¿Dónde estaba el Alcalde y CODECOS?
Otro terreno que perdió la Municipalidad –sin que se diera cuenta el Alcalde ni los CODECOS de entonces, es un tríangulo que dá a la Avenida Agustín Ross y que era parte del Bosque Municipal.
El año 1992, asume el alcalde Orlando Cornejo Bustamante y cinco concejales.
En este período al menos hay una excepción, en el sentido de resguardar el Bosque Municipal y para ello se aprueban recursos para CERRAR el perímetro de esa importante área verde de más de 5 héctareas; pero que paulatinamente estaba “jibarizándose” por causa de algunos colindantes expansionistas.
En la nueva gestión alcaldicia –a partir de 1996- de Jorge Vargas González empiezan una serie de movimientos –tal como ya lo hemos dicho- que han permitido una serie de pérdidas de terrenos, tanto en el Bosque Municipal, Aeródromo Municipal, como de bienes nacionales de uso público.

SINVERGUENZURAS EN EL TAPETE
Todas las acciones reivindicatorias –la mayoría sin éxito- se hicieron tras la denuncia del concejal Washington Saldías González. Por cierto el éxito no está ligado a que no había sustento jurídico, sino porque el alcalde Vargas no las hizo con la premura que correspondía. Es más, en algunos casos, acciones que correspondían realizarse dentro de plazos perentorios se dilataron o simplemente “no se hizo parte” para seguir las acciones judiciales. Circunstancias que permitió fallar al Juez en favor del particular, en desmedro del interés municipal.
En otro caso, quizás el único donde la Justicia falló a favor del interés municipal, en el año 1997, el alcalde Jorge Vargas AÚN NO REMEDIA LA ACCIÓN QUE PERJUDICABA EL INTERÉS MUNICIPAL.
Esto permite darse cuenta cómo actúa la primera autoridad comunal. Actuá –según parece- si le conviene a él y no al interés municipal, o cuando algún amigo se lo pide en forma especial. Es lo que ocurrió el viernes 2 ó 3 de diciembre de 2004, el mismo día en que el Concejo Municipal –del período 2000/2004- sesionó. A espaldas del Concejo Municipal brindó, en horas de la tarde, el concurso de funcionarios municipales para “echar abajo” cercos de un particular que estaba “perjudicando” a otro particular (amigo del Alcalde), en el sector de la Avenida Costanera con Av. Millaco.
Lo que nunca hizo a favor de abrir calles “tomadas por particulares” –que hasta ahora permanecen cerradas- lo hizo para satisfacer “la gauchadita que le pidió uno de sus dilectos amigos”.

Cada denuncia de ocupación de calles, como del Aeródromo Municipal, ocurrida entre 1996 y el 2004, período que estuvo como concejal Washington Saldías, está respaldada con documentos que forman parte de las Actas Municipales. En algunos casos, para ser justos, también estuvo la denuncia de otros colegas de ese tiempo: Mariano Polanco Galarce (terrenos ocupados en el sector Laguna de Petrel y Avenida Costanera), Carlos Leyton Labarca (venta de bosque, en Escuela de El Potrero), y Roberto Córdova Carreño (deslindes de Avenida Los Eucaliptus, en el acceso a Pichilemu).
Hoy, desde diciembre del 2004 a la fecha solo se ha resuelto el caso de la Avenida Costanera (sector de la Laguna Petrel) que venía gestionándose desde antes que asumiera el actual Concejo Municipal. Si bien es cierto, éstos apoyaron las gestiones y las reiteraron ante el gobernador provincial, quien “se puso los pantalones y actuó”.
Dificulto que hoy, haya algún concejal –menos aún el Alcalde Vargas- preocupado de estos temas que afectan el patrimonio municipal y fiscal.

¿PRESIONES? ¡¡NO!! DEFENSA DEL PATRIMONIO QUE ES DE TODOS
Ahora, leyendo las declaraciones del Sr. Juan Carlos Arenas Faúndez, en el periódico “El Expreso de la Costa”, éste señala que lo están molestando a él y familia. Y que él ocupa la calle y ni un metro que pertenezca a algún particular.
Señor Arenas Faúndez, siempre en este caso y otros similares, quienes denuncian la irregularidad no están en contra de los particulares –indistintamente de la condición social que sean. Ese no es el punto- sino de defender un bien nacional de uso público QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD. En el caso particular, del tramo de la calle que ocupa, ésta ESTÁ EN LOS PLANOS DE LOTEOS DESDE EL AÑO 1938. En base a ese plano de loteo –debidamente aprobado por la Municipalidad de Pichilemu e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz- se empezaron a vender esas manzanas y sitios.
El sitio que usted compró y que no tiene títulos anteriores inscritos en el Conservador, es un caso aparte. Y como usted mismo lo reconoce ante la pregunta del periódico, usted “al parecer” fue ESTAFADO.
Por otra parte, en ninguna de las denuncias ante los diversos organismos usted ha sido acusado de HABER TOMADO ALGÚN M2. De vecinos colindantes. Se hace expresa mención que lo que se reclama la existencia de una calle, cuya existencia data desde el año 1938 según las Escrituras de todos los sitios aledaños y según el Plano de Loteo ya mencionado.
De qué presión se habla, sino de ejercer un legítimo derecho a que actúe el estado de derecho y que prevalezca la Ley, remediándose una irregularidad manifiesta, como otras que siguen eternizándose ante la “vista gorda” de
quiene tiene que administrar y defender los bienes nacionales de uso público entre otros.
¿Se remediarán este tipo de irregularidades algún día?
Confío en que así sea, pero cuando llegue al municipio una autoridad con los “pantalones bien puestos” y comprometida con el interés de la comunidad y no particular.

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