Las indemnizaciones por DAÑOS Y PERJUICIOS, producto y secuela de la construcción del puente en la laguna de Cáhuil y que -con justicia y razón- reclaman los obreros salineros de las Salinas de Cáhuil, Barrancas, La Villa y sector La Plaza se estarían convirtiendo en “sal y agua” aun antes de recibirlas.
En efecto, las conversaciones y gestiones para lograrlas están en un pié, en que la posición de la compañía de seguros -que tiene contratada la empresa Tecsa, y que cubre la Póliza sobre eventuales daños a terceros- es solicitar los papeles (Escrituras) a quienes están solicitando las indemnizaciones por los daños y perjuicios provocados a la producción de Sal de Costa.
Como se sabe, esta actividad económica no pudo desarrollarse con éxito a raíz del cambio artificial que efectuó la empresa Tecsa para los trabajos de emplazamiento de los pilares del puente, a escasos metros de la entrada del agua de mar a la laguna, en el proceso natural de altas mareas. Proceso que permite a los salineros llenar los cuarteles con agua salina y elaborar, en conjunto con la naturaleza, la sal de costa; producto que se transforma en el sustento de más de 80 familias y en un número menor de grandes, medianos y pequeños propietarios de salinas.
La exigencia de la compañía aseguradora, en buenas cuentas está -en la práctica- reduciendo a un número importante de salineros con derecho a recibir una indemnización, por cuanto algunos de ellos no cuentan con la documentación que acredite la propiedad o derechos legales de pertenencia. Este requisito, por tanto, estaría dejando prácticamente huérfano y más damnificado a muchos pequeños y medianos propietarios, quienes son los que tendrían dificultades para acreditar propiedad.
De producirse finalmente esta situación, ésta sería una secuela más del PROGRESO que significa el Puente en Cáhuil ….
El autor de esta nota, junto al dirigente vecinal de Cáhuil, Andrés Zuñiga Caro, advirtió y denunció en reiteradas ocasiones de los daños ambientales, ecológicos y ecosistema del lugar, sin ser oídos por las autoridades comunales, provinciales, regionales ni del ministerio de obras públicas, instancias a las que se les denunció verbalmente y por escrito, parte de los potenciales daños por el emplazamiento del puente.
