Esta tarde, el alcalde de Pichilemu Cristian Pozo, acompañado de la asesora jurídica Susana Jara, se reunió con los medios de comunicación de la comuna para referirse a los hechos conocidos esta mañana, relativos a la detención de tres funcionarios municipales del Departamento de Tránsito, a quienes se les acusa de falsificación de instrumento público, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al Fisco.
En la oportunidad, la autoridad informó que en la mañana la Policía de Investigaciones llevó a cabo el allanamiento de tres domicilios, correspondientes a los tres funcionarios, siendo estos detenidos. “Desde el 2019 al 2020 el municipio ha presentado once denuncias por eventuales situaciones, una de ellas hace solo unos días. PDI realizó una investigación desde hace unos meses y que está dando resultados en esta detención”, dijo Pozo.
La asesora jurídica Susana Jara explicó que son delitos “reiterativos, venimos realizando denuncias desde 2019, venimos realizando querellas, y se traspasó a la Fiscalía de Santiago, que tiene los antecedentes. Además hay otros delitos que no conocíamos. Algunas personas teníamos conocimiento, tanto el alcalde anterior como el actual, que mantenían reserva para el éxito de esta investigación”.
El alcalde indicó que el municipio colaboró y seguirá colaborando activamente con la Policía de Investigaciones entregando todos los antecedentes que requieran. Lo mismo, a los medios de comunicación. “Vamos a mantenerlos muy informados respecto a las acciones que salgan de esto. No vamos a aceptar este tipo de situaciones, lamento mucho estar llegando y verme enfrentado a esta situación, pero lo veo como una oportunidad de mejorar la gestión municipal, para mí es súper importante ir transparentando”, señaló Cristian Pozo.
Fueron detenidas, en total, entre catorce y dieciséis personas, que estaban ilícitamente asociadas con los funcionarios de Pichilemu: unas eran de Paredones y alrededores; las otras, de Santiago. Los funcionarios detenidos, mientras no sean inhabilitados para ejercer sus cargos, podrán seguir desempeñándolos si es que no se declara su prisión preventiva esta tarde durante su formalización, la que se llevará a cabo en la capital nacional alrededor de las 17 horas. Ello, sin perjuicio de las eventuales sanciones administrativas que podrían determinar su expulsión del municipio. “Sin duda que se instruirá un sumario”, anunció el alcalde.
“Esta investigación estaba en reserva. Me puse en conocimiento de ella una vez que fui electo alcalde, pero siempre bajo reserva porque no podíamos generar ninguna alteración a la investigación. […] No va a haber ningún tipo de defensa corporativa, ninguna. Pusimos todos los antecedentes a la PDI, facilitamos hasta discos duros para que se llevaran toda la información que necesitaran, porque queremos transparentar todo el proceso y la PDI tenga claro las situaciones que podrían ser constitutivas de delito, y nosotros resguardar el patrimonio municipal. Nosotros no vamos a hacer distinción ni nada, podemos tener estima con los funcionarios pero eso no da pie a que no se tomen las medidas que corresponden”, agregó Pozo.
El monto defraudado, al momento, no se conoce. El municipio no tiene mayores detalles de la investigación realizada por la policía debido a que es reservada. Sin embargo, se entregarán mayores detalles una vez que se concrete la formalización de los funcionarios, cuyas identidades igualmente no han sido dadas a conocer oficialmente.
