El concejal de la comuna, Matías Álvarez, ingresó una extensa denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación de la producción general y técnica del evento «Tren Cultural 2024». La acción fiscalizadora apunta a la autorización de un trato directo por $180.880.000, visado bajo la administración del alcalde Pablo Silva Pérez.
El foco de los cuestionamientos recae en el Decreto Alcaldicio N° 199, emitido el 24 de enero de 2024, mediante el cual el municipio justificó la millonaria asignación «a dedo» argumentando la causal de «imprevisto».
No obstante, la investigación de 355 páginas y nueve anexos presentada por el edil expone antecedentes que contradicen dicha justificación. Según el documento, la municipalidad tenía conocimiento del proyecto desde el 13 de diciembre de 2023, firmó el convenio respectivo el 28 de diciembre y recibió los recursos el 5 de enero de 2024. Esta cronología demuestra que el municipio dispuso de 50 días corridos para planificar el evento, lo que, según la denuncia, descarta la existencia de un imprevisto real que impidiera un proceso de licitación regular.
Uno de los aspectos más reprochables que subraya la acción fiscalizadora es la contradicción procedimental del municipio. Apenas seis días después de que la alcaldía decretara que era «imposible» realizar una licitación pública para la producción general del evento, la misma entidad abrió un proceso de licitación para servicios complementarios del mismo Tren Cultural (guardias, carpas y baños químicos), la cual fue adjudicada con éxito el 9 de febrero.
Sumado a esto, los registros de compras revelan una coincidencia horaria que ha levantado sospechas: el mismo 9 de febrero, la orden de compra del cuestionado trato directo se envió al proveedor a las 13:51 horas, y exactamente 42 minutos después, a las 14:33 horas, se adjudicó la licitación complementaria.
La situación en San Fernando se enmarca en una problemática mayor a nivel nacional. Durante los últimos dos años, diversos municipios del país han gastado más de 5.700 millones de pesos en espectáculos masivos y fiestas evadiendo la licitación pública, utilizando reiteradamente argumentos de «urgencia» o «emergencia» para entregar millonarios contratos directos.
Frente a la denuncia en la Contraloría, el alcalde Pablo Silva Pérez argumentó que el proceso se ajustó a la normativa y fue aprobado por el Concejo Municipal de la época. El jefe comunal justificó el trato directo señalando que los tiempos del portal de compras públicas hacían inviable una licitación ordinaria por ese monto para la fecha estipulada, y destacó que los fondos provenían íntegramente del Ministerio de las Culturas. Asimismo, calificó la denuncia del concejal Álvarez como un intento de «aprovechamiento político».
El caso, que pone en tela de juicio los sistemas de control interno de la municipalidad y el uso de las causales de emergencia para la administración de recursos, se encuentra actualmente en manos de la Contraloría General de la República.
