El programa de entrevistas del diario El Marino, «Aquí lo conversamos», contó en su más reciente edición con la participación de Julio Moncada Gómez, Seremi de Bienes Nacionales de la región de O’Higgins. Bajo la conducción de Iván Cifuentes y Diego Grez, el espacio multiplataforma ahondó en las diversas problemáticas legales y sociales referentes a la regularización de propiedades, desvelando casos de cobros a vecinos de la provincia Cardenal Caro y detallando las estrategias de descentralización que impulsa el ministerio para facilitar los trámites a la comunidad.
Uno de los principales ejes jurídicos y normativos de la conversación giró en torno al nuevo proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, el cual tiene por objetivo agilizar drásticamente la tramitación y entrega de títulos de dominio para aquellas familias que han sido víctimas de catástrofes de gran magnitud. La autoridad regional explicó en detalle que esta iniciativa busca reducir la histórica espera promedio de dos años a tan solo un semestre. Según expuso Moncada, esta significativa disminución en los tiempos de respuesta del aparato estatal resulta fundamental para otorgar certeza jurídica inmediata a quienes han visto reducidos a cero sus hogares tras incendios u otras emergencias, permitiéndoles postular rápidamente a la red de subsidios y apoyos financieros entregados por el Minvu, Serviu, Indap y el SAG. Junto con recalcar que la tramitación amparada bajo esta modalidad de catástrofe será totalmente gratuita desde el día de su ingreso, el Seremi destacó que el proceso otorgará máxima prioridad a las carpetas pertenecientes a adultos mayores y a ciudadanos que padezcan enfermedades terminales.
Al diagnosticar el estado actual de la repartición pública, Moncada transparentó que, al asumir sus funciones el 27 de marzo, la nueva administración se encontró con un abultado rezago de aproximadamente 7.000 solicitudes de regularización pendientes de resolución a nivel regional. Para destrabar las carpetas de estas 7.000 familias que han visto paralizados sus procesos durante los últimos cuatro años, el ministerio se encuentra implementando una orden ministerial firmada recientemente por la ministra Parot, la cual establece directrices enfocadas en erradicar la burocracia en la etapa inicial de evaluación. La táctica para lograrlo consiste en aplicar un riguroso modelo laboral denominado «80/20», el cual obliga a las autoridades a destinar el 80% de sus agendas al trabajo directo en las comunas y apenas un 20% a labores de escritorio. El Seremi aseguró ante los micrófonos de El Marino que visitará la provincia periódicamente, agendando su presencia en Pichilemu durante la semana del 20 de cada mes y confirmando un operativo especial de atención en la comuna de La Estrella para el próximo 30 de junio, buscando orientar presencialmente a los vecinos para evitar rechazos por falta de documentación.
El segmento más tenso del programa se originó al abordar la existencia de gestores «inescrupulosos» que lucran con la necesidad de regularización de los habitantes de las zonas rurales. Con evidente molestia, Moncada fue categórico al declarar que el ingreso de toda carpeta de solicitud ante Bienes Nacionales es un trámite estrictamente gratuito. La autoridad reveló haber constatado directamente casos de residentes vulnerables de Pichilemu, Paredones y Navidad a quienes intermediarios provenientes de Santiago les exigieron pagos que oscilaban entre los 600.000 y 800.000 pesos por el solo hecho de ingresar los formularios. Para erradicar estas estafas, el Seremi subrayó que las exigencias técnicas, como las planimetrías, son ejecutadas por empresas licitadas y financiadas por el propio ministerio, haciendo absolutamente ilegal cualquier cobro de terceros. Asimismo, aclaró que los únicos cobros estatales proceden bajo la normativa del Registro Social de Hogares; quienes se sitúan en el tramo del 40% de vulnerabilidad tienen gratuidad total garantizada, mientras que el resto de los postulantes debe realizar el abono de un cupón de pago único al servicio.
En el bloque de cierre, el diálogo se orientó hacia la fiscalización del borde costero y el desarrollo estratégico del territorio. Ante la sostenida actividad turística de la capital del surf, el Seremi adelantó que la cartera ya articula el denominado «Plan Verano», orientado a salvaguardar el libre e ininterrumpido acceso peatonal a playas, mares y ríos. El ministerio focalizará sus esfuerzos en garantizar la apertura de los cinco accesos costeros decretados a la fecha en la provincia Cardenal Caro, destacando entre ellos la bajada instaurada en Punta de Lobos durante los últimos Juegos Panamericanos. La autoridad instó a los vecinos a convertirse en fiscalizadores activos, recordando que pueden interponer denuncias por bloqueos ilegales directamente en el sitio web institucional. Finalmente, en lo relativo a la administración del acotado patrimonio fiscal regional, que representa menos del 1% del total nacional, Moncada aseveró que las directrices apuntan a ceder estos retazos de tierra para cimentar proyectos de profundo alcance comunitario, valorando como un hito de su gestión el traspaso de paños fiscales para viabilizar la actual construcción del anhelado hospital de Pichilemu.
