Tras un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia (Rol C3107-26) debido a la nula respuesta del Ministerio de Salud durante la administración del presidente Gabriel Boric, que encabezó Ximena Aguilera, la actual autoridad sanitaria ha puesto fin a las especulaciones. El Ordinario N° 511, emitido el 17 de abril de 2026 y firmado por el actual subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt Vidal, desmiente de manera categórica las recientes afirmaciones difundidas con publicidad pagada en redes sociales por la senadora Alejandra Sepúlveda.
Lejos de ser un hecho consumado, los documentos técnicos que acompañaban el Oficio 24058 —exhibido por la parlamentaria como un triunfo en sus redes sociales— demuestran que el proyecto hospitalario de Pichilemu no ha subido de categoría y que su eventual ampliación enfrenta graves obstáculos normativos y financieros.
Esta respuesta oficial choca de frente con las declaraciones de la senadora, quien en un video de febrero titulado «Un mejor hospital para Pichilemu y Cardenal Caro», aseguró que junto a su equipo han sostenido «varias gestiones y reuniones en Santiago». En dicho registro, Sepúlveda enfatizó: «Seguiremos insistiendo en mejorar y ampliar el hospital (…) Les comparto el oficio 24058 del 9 de noviembre del 2025, donde se pide al Ministerio de Obras Públicas a concesiones una segunda propuesta de valorización». Además, intentó blindar sus actuaciones afirmando que «siempre diremos la verdad».
En el documento signado hoy, el subsecretario Montt aclara que el oficio presentado por la senadora no se ha materializado en ninguna decisión administrativa, resolución o decreto. La autoridad precisó que una eventual ampliación del hospital «aún se halla en tramitación».
Peor aún para el relato de la parlamentaria, al ser consultado el MINSAL por las transcripciones, actas o constancias de las supuestas reuniones de gestión sostenidas por Sepúlveda para este proyecto, el ministerio confirmó que si bien participó en una de ellas, «no tuvo registro documental ni audiovisual, por lo que no hay información al respecto». Esto deja sin respaldo institucional la afirmación de la senadora sobre sus supuestas «varias gestiones», de las cuales hoy el Estado no tiene constancia oficial.
El fin del mito: sigue siendo de «primer nivel»
Quizás el golpe más duro a la narrativa instalada durante las campañas de 2024 y aún, hace un par de meses, por la senadora Sepúlveda y una ex consejera regional, se encuentra en los anexos técnicos enviados por el Minsal a la Dirección General de Concesiones (DGC). La presentación institucional que detalla la propuesta para ubicar los recintos adicionales (como diálisis y el tomógrafo) lleva por título oficial: «Propuestas para ajustes a Norma Técnica 243 para Hospital de Primer Nivel». Esto confirma, con membrete oficial del gobierno, que el hospital de Pichilemu mantiene su categoría de baja complejidad, sepultando definitivamente el publicitado —y falso— ascenso a «mediana complejidad».
El documento oficial adjunto detalla que el encargo consiste específicamente en una Unidad de Diálisis de 6 cupos , un aumento de dotación de 12 camas , la inclusión de un Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) y una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Pese a la envergadura de estas adiciones, el Minsal mantiene inalterable la clasificación técnica del recinto en el «Primer Nivel».
Los informes técnicos liberados también revelan que la ampliación propuesta por el Minsal fue improvisada y chocó de frente con la realidad urbana de la comuna. El Informe del Inspector Fiscal de la DGC (ORD. IF-ROH N°382/25) detalla que la propuesta inicial del gobierno de ampliar el recinto construyendo un tercer piso resultó ser derechamente inviable. ¿La razón? El Plano Regulador Comunal de Pichilemu establece una altura máxima de dos pisos más mansarda, lo que obligaría a modificar el instrumento de planificación territorial para poder construirlo.
Al descartar el tercer piso, la concesionaria evaluó una segunda alternativa: ampliar en dos pisos. Esta opción representa un costo extra de UF 508.600 solo en construcción e ingeniería (unos 19 mil millones de pesos), y requeriría 180 días adicionales para la ingeniería y otros 180 días para su construcción. Sin embargo, la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales cuestionó duramente esta valorización, señalando mediante el ORD. N° 19454 que el valor propuesto de 120 UF/m² «es considerablemente superior al valor de 62 UF/m² correspondiente al Hospital de Pichilemu según lo adjudicado en la licitación del contrato», exigiendo aclaraciones a la concesionaria.
Además, el informe del Inspector Fiscal advierte que incorporar estos nuevos recintos —que suman 1.905 m² — obliga a reestructurar completamente el diseño de arquitectura, estructuras y especialidades. Esto implica que el Estado de Chile tendría que tramitar un nuevo Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), lo que retrasaría el proceso en «cerca de dos años para poder efectuar las mediciones» en períodos estivales y valle. Por otro lado, obligaría a someter el rediseño a una nueva consulta de pertinencia ambiental, sumando todos los plazos asociados a la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para obtener una nueva resolución.
En definitiva, la «verdad» que la senadora Sepúlveda aseguraba defender en su video no resiste el análisis de la propia evidencia oficial del Estado. Los documentos liberados gracias a la Ley de Transparencia desnudan una práctica comunicacional riesgosa, pero reiterativa por parte de la parlamentaria y su equipo: la exhibición de meras comunicaciones o documentos sin mayor trascendencia como si fueran decisiones administrativas en vías de materialización.
La realidad es indesmentible. El Hospital de Pichilemu sigue siendo, técnica y administrativamente, un establecimiento de baja complejidad («Primer Nivel»). La tan anunciada ampliación es, hasta hoy, apenas una propuesta técnica millonaria que carece de financiamiento aprobado, que colisiona frontalmente con las normativas urbanas del Plano Regulador Comunal y que implicaría un gasto extra que el propio Minsal ha calificado internamente como excesivo y desproporcionado respecto al contrato original.
Para la comuna de Pichilemu y la provincia Cardenal Caro, territorios históricamente postergados en materia de infraestructura sanitaria, la transparencia es el estándar mínimo exigible a sus autoridades. Promover proyectos inviables en el corto plazo mediante campañas en redes sociales, o como ofertones de último minuto durante una campaña política, omitiendo deliberadamente los severos reparos técnicos, la falta de documentos que respalden dichas gestiones y los años de retraso que implicarían los nuevos estudios ambientales y viales, no solo desinforma, sino que juega con las urgentes expectativas de la comunidad. Frente a la insistencia del discurso y el «machaca, machaca», hoy son los documentos del propio gobierno los que se encargan de apagar el relato falso de quien debería representar fielmente nuestro territorio.
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