La discusión sobre la libertad de expresión ha vuelto al centro del debate público, esta vez de la mano de un controvertido proyecto de ley que amenaza con alterar profundamente el ejercicio del periodismo en Chile. Se trata de la propuesta que busca sancionar penalmente la difusión de información contenida en investigaciones penales declaradas reservadas. Un proyecto que ha sido acertadamente apodado por diversos sectores como la «Ley Mordaza 2.0».
El corazón del problema está en el alcance. Porque una cosa es sancionar a quienes, desde el interior del sistema judicial, filtran información de manera irresponsable. Y otra, muy distinta, es castigar al periodista que, sin haber cometido delito alguno, publica datos relevantes para la ciudadanía, amparado en su deber profesional y en el derecho fundamental a informar.
Resulta preocupante que este proyecto —presentado por senadores de diversos sectores políticos— pueda abrir la puerta a la criminalización del trabajo periodístico. No por lo que explícitamente dice, sino por el efecto disuasivo que podría tener en la prensa. El solo hecho de que exista la posibilidad de enfrentar cargos penales puede bastar para que medios y reporteros desistan de investigar o publicar ciertos hechos, especialmente aquellos vinculados a corrupción, abusos de poder o negligencias institucionales.
Chile ha avanzado, aunque no sin tropiezos, en fortalecer un ecosistema democrático donde el periodismo cumple un rol fundamental, luego de años de censura y supervigilancia estatal. El Colegio de Periodistas, académicos, organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión han levantado una voz de alerta que no debe ser desoída. La confidencialidad judicial y el interés público no son incompatibles, pero sí requieren equilibrio, prudencia legislativa y, sobre todo, una comprensión clara del rol social que cumple la prensa.
Lo que está en juego no es solo el futuro del periodismo de investigación, sino el derecho de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en las esferas del poder. Porque sin información veraz, oportuna y libre, la democracia se vuelve opaca y vulnerable.
Legislar en democracia exige garantizar que los controles institucionales funcionen sin sacrificar libertades esenciales. Castigar al mensajero por el mensaje que porta no solo es injusto: es profundamente antidemocrático. Por eso, es deber de la sociedad civil, de los propios medios y de todos quienes creen en un país más transparente, levantar la voz ante iniciativas que pueden terminar asfixiando el derecho a informar y a estar informados.
