Luis Escanilla Gaete, exalcalde de Nancagua, presentó un escrito ante el Tribunal Electoral Regional de Rancagua solicitando que se declare la caducidad del proceso en su contra por notable abandono de deberes, el cual busca inhabilitarlo por cinco años. El requerimiento fue presentado en 2024 por el ex alcalde Mario Bustamante y cuatro concejales del periodo 2021-2024, pero Escanilla sostiene que el plazo legal para hacerlo ya había vencido.
En su defensa, el exedil argumenta que, según el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades, el plazo para interponer una acción de este tipo era de seis meses desde el término de su mandato, el cual concluyó el 28 de junio de 2021. Por lo tanto, el plazo habría expirado el 28 de diciembre de ese mismo año, mientras que el requerimiento se presentó casi tres años después, en junio de 2024. Asegura que se trata de un plazo de caducidad, no de prescripción, por lo que no admite prórrogas ni suspensiones.
Además de este argumento formal, Escanilla rechazó de fondo las acusaciones. Sostuvo que las decisiones cuestionadas, como la invalidación de un decreto alcaldicio, la adjudicación de licitaciones públicas y la revisión de multas por retrasos en obras, se ajustaron en todo momento a la ley y fueron respaldadas por informes jurídicos. Insistió en que no hubo negligencia, mucho menos dolo o falta a la probidad, y que las imputaciones carecen de la gravedad necesaria para configurar un notable abandono de deberes.
El caso ha tenido un tortuoso recorrido judicial. Inicialmente, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Rancagua rechazó el requerimiento de los concejales, pero impugnaron esa decisión ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), argumentando que no se configuraba la caducidad de la acción. El TRICEL acogió el reclamo y confirmó que el juicio podía continuar.
Ahora, el exalcalde vuelve a la carga ante el TER, esta vez apelando él la caducidad del plazo. De ser acogido su argumento, el proceso quedaría sin efecto. De lo contrario, el tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones, que podrían terminar en su inhabilitación por cinco años.
Mientras tanto, Escanilla mantiene su postura de que se trata de una persecución política sin sustento legal.
