Después de más de 15 años de ocupación continua, y tras meses de conversaciones entre autoridades, pescadores y organismos del Estado, inevitablemente se concretó el desalojo del container utilizado por un sindicato de pescadores artesanales en la Playa Principal de Pichilemu.
El container había sido instalado hace más de una década en un sector clave para la pesca artesanal local, cercano a Las Terrazas, sirviendo como bodega y punto de organización para quienes dependen del mar para su sustento. Sin embargo, la presencia de esta estructura en una zona catalogada como “zona típica” generó cuestionamientos que derivaron en una orden de desalojo.
El proceso ha estado marcado por intensas gestiones por parte del municipio de Pichilemu, encabezado por el alcalde Roberto Córdova Carreño, quien desde fines de 2024 ha sostenido diversas reuniones para buscar una solución definitiva que resguarde tanto el patrimonio como los derechos de los trabajadores del mar.
Una de las instancias clave fue la reunión realizada el 10 de diciembre pasado, en la que participaron la delegada presidencial provincial de Cardenal Caro, Josefina Toro, el alcalde Córdova y funcionarios municipales. El objetivo fue encontrar mecanismos que permitieran la permanencia regulada de comerciantes y pescadores artesanales que históricamente han trabajado en este borde costero, sin infringir la normativa vigente.
Más recientemente, el 28 de marzo y el 3 de abril, se desarrollaron encuentros entre los pescadores afectados, el equipo jurídico municipal y profesionales de la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastre, junto con la participación de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y la Dirección de Obras Portuarias. En estos encuentros se exploraron alternativas para formalizar el uso del espacio, incluyendo la solicitud de una concesión marítima y un proceso de desafección del área actualmente protegida como zona típica.
