El procedimiento se desarrolla en las propiedades denominadas El Buzo y El Refugio, en Pichilemu. Marcos Soto, representante de la parte propietaria, entregó antecedentes sobre el conflicto y las labores de retiro de vehículos, construcciones y otros bienes existentes en el lugar.
Un procedimiento de desalojo comenzó a desarrollarse en el sector Alto Pucalán 3, en Pichilemu, específicamente en los terrenos correspondientes a las propiedades denominadas El Buzo y El Refugio, en el marco de un conflicto judicial que se habría extendido durante ocho años.
Marcos Soto explicó que la diligencia busca concretar la restitución de los terrenos a su propietario, Felipe Alberto Miranda, y que su ejecución se produce luego de distintas actuaciones judiciales relacionadas con la ocupación de parte de los predios.
Según indicó, durante el desarrollo del litigio se presentaron diversos recursos que prolongaron la resolución del conflicto. Añadió que las personas que permanecían en el lugar habían sido notificadas con anticipación para retirar sus pertenencias.
Soto señaló que, incluso durante los días previos al procedimiento, se presentó un escrito solicitando suspender la diligencia, petición que, de acuerdo con su versión, fue rechazada por el tribunal.
Vehículos y construcciones en el lugar
Entre los elementos que deben ser retirados del terreno se encuentra una cantidad importante de vehículos que, según explicó el entrevistado, habrían sido entregados a una persona que desarrollaba trabajos de reparación en el lugar.
Al respecto, indicó que los automóviles serían trasladados fuera de la propiedad y planteó la necesidad de que sean llevados a un recinto adecuado para su resguardo y posterior devolución a sus respectivos propietarios.
En el interior de los terrenos también existen viviendas, construcciones en proceso de ejecución, materiales y otros bienes. Soto manifestó que las labores contemplan el retiro de estos elementos y de las pertenencias de quienes se encontraban en el lugar.
Debido a la cantidad de bienes e instalaciones existentes, estimó que el procedimiento podría extenderse más allá de la jornada en que comenzó.
Antecedentes sobre operaciones de terrenos
Durante la entrevista, Marcos Soto también se refirió a operaciones de compraventa de terrenos que se habrían realizado al interior de las propiedades en disputa.
Según sus declaraciones, existirían personas que adquirieron terrenos y que incluso comenzaron a construir viviendas. Asimismo, sostuvo que se habrían efectuado subdivisiones y promesas de compraventa sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Frente a esta situación, anunció que solicitarán antecedentes a la Municipalidad y a la notaría respectiva para revisar las operaciones efectuadas.
El entrevistado también cuestionó la utilización de antecedentes de títulos antiguos en procedimientos relacionados con la inscripción de los terrenos, señalando que una inscripción habría sido posteriormente anulada debido a observaciones sobre su validez.
Respecto de las personas que habrían adquirido terrenos en el lugar, Soto indicó que podrían evaluar acciones judiciales para abordar los eventuales perjuicios derivados de esas transacciones.
El procedimiento de desalojo se desarrolla, de esta manera, en medio de una disputa que involucra tanto la ocupación de los predios como operaciones de compraventa efectuadas a terceros, cuyos antecedentes, según lo anunciado por Soto, serán objeto de revisión ante los organismos correspondientes.
